Silencio en la mina del 11-M

Aún se ve algún casco de minero abandonado boca arriba, pero ya no hay trasiego de mineros, al terminar la jornada, bajando por la ladera en fila de a uno por una senda estrechísima y en zigzag hasta unas viejas casetas que servían de vestuario en una orilla del río Narcea.

La mina de la que salieron los explosivos del 11-M, Mina Conchita, es hoy una explotación en avanzado estado de deterioro:

raíles oxidados, restos desvencijados del antiguo descargadero, polvorines tapiados con piedras, el acceso a la mina casi cegado por maderas y el antiguo aserradero totalmente derruido.

La empresa propietaria, Caolines de Merillés, clausuró la instalación, situada en Belmonte de Miranda, a 23 kilómetros de Oviedo, en octubre de 2004, seis meses después de la matanza. La compañía minera no hizo declaraciones públicas pero en medios laborales aseguran que la dirección justificó la clausura exclusivamente por el agotamiento del yacimiento.

José Emilio Suárez Trashorras, presunto proveedor de la dinamita utilizada en los atentados, trabajó en Mina Conchita entre 1999 y 2002, fecha en la que se le jubiló por incapacidad a causa de una esquizofrenia paranoide, pero en un bar próximo a la central térmica de Soto de la Barca, a unos 10 kilómetros de la mina, algunos clientes recuerdan alguna visita suya tras los ataques de Madrid. Le recuerdan pero nadie quiere hablar de ello. El 11-M es un gran tabú.

La empresa ha guardado silencio, salvo muy contadas y lacónicas declaraciones; los sindicatos declinan hacer comentarios y todas las veces que se ha recabado el testimonio de los trabajadores de la mina sobre sus compañeros procesados o sobre el control y uso de los explosivos, la respuesta ha sido siempre la misma: el hermetismo. Unos porque conocen a los encartados en el sumario y han sido compañeros, codo con codo, en el interior de la mina, donde se fraguan solidaridades imposibles de entender en un ámbito laboral ajeno a los códigos culturales del trabajo bajo tierra. Y otros porque consideran que recordar lo ocurrido daña al sector y a su imagen. Para todos, el 11-M es un episodio doloroso que no hay que rememorar.

El silencio sólo se ha roto para defender a uno de los procesados, el vigilante Emilio Llano. Casado, de 45 años, padre de dos hijos adolescentes, deportista, natural de Cangas del Narcea, vecino de Grado, llevaba más de dos décadas como responsable de la recepción, almacenamiento y distribución del material explosivo en Mina Conchita y está procesado por supuesta falta de diligencia en el cumplimiento de su obligación. La empresa confía plenamente en su inocencia. Fuentes sindicales consultadas han ofrecido también las mejores referencias sobre su calidad humana. Los técnicos de la Inspección de Minas del Principado siempre tuvieron esa misma opinión. Amigos de Llano, como Víctor López y Manolo García, comparecieron en público tras la detención del capataz para describirlo como "un hombre inocente".

Pero ese ha sido el único caso de apoyo a los integrantes de la trama asturiana. Otro de los procesados, el avilesino Javier González, El Dinamita, se quejó estos días, ya iniciado el juicio, de que no es capaz de encontrar trabajo en Avilés. Carmen Toro, separada de Suárez Trashorras, ya no sigue como vigilante en el Hipercor de Avilés y ha dejado un bar que había empezado a regentar.