Los eurodiputados advierten de que la LUV no será útil si no define sus procedimientos

Michael Cashman, eurodiputado del partido laborista inglés, expresó sus dudas acerca de utilidad social de la Ley Valenciana de Urbanismo (LUV) "si no se definen sus procedimientos" y mejora aspectos como las indemnizaciones a particulares. Mientras, el conservador polaco Marcin Libicki señaló la ambigüedad de la norma urbanística vigente a la hora de conjugar el interés general con el derecho a la propiedad privada. Los representantes del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo hicieron esos comentarios sobre las lagunas de la normativa urbanística en un encuentro con la Síndic de Greuges.

"El viaje responde a las quejas de los afectados. No es ninguna invención", dice Lebicki

La delegación acentuó ayer sus críticas a la normativa urbanística vigente, en el ámbito estatal y autonómico. Los eurodiputados Marcin Libicki y Michael Cashman, presidente y vicepresidente, respectivamente, del organismo, se mantuvieron firmes en su decisión de no hacer comentarios a los periodistas, aunque no se abstuvieron de expresar su opinión durante las diversas reuniones celebradas con afectados.

En el encuentro mantenido con la Síndic de Greuges, el presidente del Comité de Peticiones destacó que la mayoría de las denuncias y quejas que ha recibido esta comisión de la UE están relacionadas con "violaciones al derecho de la propiedad privada y contra el medio ambiente". El eurodiputado achacó el hecho a la dispersión e indefinición de la numerosa legislación vigente en la materia, extremo que hace más difícil compaginar el interés general con el derecho a la propiedad privada. Mientras, Cashman puso el énfasis en la recién estrenada LUV que, a su juicio, tampoco será "útil" ni subsanará los excesos de la extinta LRAU, "si no se definen perfectamente sus procedimientos", a través de los futuros reglamentos para "mermar" el daño a los propietarios del suelo afectados.

La Síndic, que expuso a los eurodiputados la lista de quejas más comunes que en materia urbanística recibe ese departamento, se alineó con las tesis de la delegación de La UE, aunque matizó "que la profusión de normas es consecuencia de la riqueza jurídica del país" y que la mayoría de las quejas pertenecen a personas afectadas por proyectos urbanísticos ejecutados al amparo de la LRAU y la figura del agente urbanizador.

No obstante, Emilia Caballero explicó a la delegación que la nueva legislación solucionará "parte" de los problemas ocasionados por la anterior norma, la LRAU, que estuvo vigente hasta febrero de 2006 y sigue aplicándose en los planes urbanísticos aprobados antes de esa fecha. Caballero señaló que la nueva LUV "mejora" la situación porque aplica los criterios de la contratación pública "y eso es una garantía" y porque también prevé un sistema de disciplina urbanística más severo.

Antes del encuentro con la Síndic, la delegación del Comité de Peticiones visitó los términos de Rojales y Catral y celebró un encuentro con la Asociación de Vecinos San Miguel Arcángel de San Miguel de Salinas. En la reunión, que contó con la presencia de un centenar de vecinos, el presidente de Comité rechazó las críticas vertidas por el Consell sobre el "carácter político" del viaje y reiteró que la iniciativa está avalada por el Parlamento Europeo, sobre la base de las quejas y denuncias recibidas. "Esto no es ninguna invención", señaló, según comentaron los asistentes. Los vecinos trasladaron a los eurodiputados que la principal carencia de las urbanizaciones del término es la falta de agua.

La comitiva, por motivos de agenda, desistió de su anunciada inspección a las urbanizaciones del entorno del parque de las Salinas de Torrevieja.

Por su parte, la Asociación de Promotores de Valencia acusó a los eurodiputados de "venir a hacerse una foto y [a] lanzar una andanada de calumnias a los empresarios y la Administración". En la misma línea se pronunciaron su compañeros de Alicante, quienes aseguraron que la visita de los parlamentarios europeos obedece a "una campaña de desprestigio" para desviar turistas hacia países del este de Europa, "como Polonia y Croacia". La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, pidió la superación de la "permanente búsqueda de victimismo y persecución", y recordó que los eurodiputados "no sólo vienen a la Comunidad Valenciana".