Desalojadas siete familias de varias casas en ruina del barrio almeriense de Pescadería

La Policía Local de Almeria desalojó ayer, por orden judicial, a las siete familias que ocupaban ilegalmente viviendas en el barrio almeriense de Pescadería declaradas en ruina. Tras su desalojo, ordenado por un juzgado, máquinas excavadoras contratadas por la Delegación de Obras Públicas procedieron al derribo de los inmuebles. La Junta de Andalucía levantará allí otros bloques de viviendas sociales, según el convenio suscrito con el Ayuntamiento, donde volverán a alojarse los propietarios legales de los inmuebles ocupados.

De las 28 viviendas que estaban declaradas en estado de ruina, quedaban siete ocupadas por familias que se habían negado a acatar la orden judicial que les obligaba a desalojar. Inicialmente, un centenar de personas había ocupados los inmuebles.

La actuación de la Policía Local estuvo supervisada por las Fuerzas de Seguridad para evitar cualquier incidente. El desalojo se produjo, finalmente, a primera hora de la mañana y sin que se produjeran incidencias graves.

La subinspectora de la Policía Local de Almería, Carmen María Martínez, tildó de tranquila la actuación. "Ya desde la semana pasada habíamos estado comprobando que las familias de las 28 viviendas estaban saliendo paulatinamente. A día de hoy [por ayer] sólo quedaban siete. El desalojo se ha producido vivienda por vivienda. Han salido con total tranquilidad, que era de lo que se trataba, sin generar más conflictos", explicó la subinspectora.

Las personas desalojadas tras haber ocupado durante mes y medio algunas casas de las calles Maromeros e Impresores de Pescadería aseguraron no disponer de medios para pagar un alquiler o comprar una casa. Santiago Amador, uno de los ocupas que ha ejercido de portavoz de las familias, aseguró que buscaría otro lugar al que trasladarse con su familia. "Ya tengo otra casa vista para esta tarde darle una patada y meterme en ella", advirtió.

Policías a caballo, antidisturbios y agentes especiales del grupo de intervención rápida frustraron el plan que pretendían llevar a cabo los vecinos ocupas: hacer una barrera humana delante de las casas para impedir el paso de las máquinas. El contundente método de acceso a las viviendas -y media hora antes de los previsto- desde las 8.00 de la mañana abortó cualquier conato de resistencia. "Desde luego esta mañana no había motivo para conflicto", zanjó la subinspectora de la Policía.

El alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez Comendador, quiso destacar la "normalidad y rapidez" con la que se ha cumplido la orden judicial de desalojo. "Hay que recordar que el Ayuntamiento ofreció a los representantes de las familias que ocuparon de modo ilegal estas casas la posibilidad de que los servicios municipales de Atención Social estudiasen su caso para ver el modo de facilitar alguna ayuda, dado que estas familias se encuentran en una situación precaria", dijo el primer edil.

El concejal de Urbanismo, Juan Megino, ya avanzó antesdeayer el desalojo de 21 de las viviendas habitadas ilegalmente. Sobre los inmuebles, 13 ubicados en la calle Maromeros y 15 en la adyacente Impresores, pesaba una declaración de ruina a través de un decreto de alcaldía expedido el pasado día 13 aunque los propietarios originales -que reciben un estipendio municipal de 500 euros en concepto de realojo- ya fueron instados a abandonar las viviendas hace un año.

El titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número uno de Almería, Tomás Cobo, determinó el pasado martes el derribo de las 28 viviendas cumplimiento de la resolución judicial dictada el pasado día 15 y que establecía el desahucio administrativo.