Caldera se compromete a financiar al 50% la ley de dependencia

La aplicación de la ley de la dependencia en la Comunidad Valenciana requerirá un "esfuerzo especial" al tener unos indicadores sociales inferiores a la media estatal. Así lo indicó ayer el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, que asistió a la inauguración del I Congreso Internacional sobre Dependencia y Calidad de Vida de las personas mayores organizado por la fundación Edad y Vida.

Caldera indicó que este esfuerzo económico "sería compartido al 50% por la Administración General del Estado". La cifra estimada por la Consejería de Bienestar Social del coste de la puesta en marcha de la ley es de 5.000 millones de euros. Como los especialistas cifran la aportación por copago del usuario en un 30%, las administraciones autonómica y estatal se repartirán los 3.500 millones restantes.

La consejera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, rechazó que la Comunidad Valenciana esté por debajo de la media estatal en prestaciones. Destacó que la Generalitat está un 16% por encima en plazas residenciales para personas dependientes, así como en teleasistencia y plazas públicas y concertadas para la tercera edad. Además, se mostró escéptica ante la promesa de Caldera de asumir la mitad del coste del desarrollo de la ley, que garantiza una atención a todas aquellas personas que no puedan valerse por sí mismas. Indicó que hasta el momento, la financiación comprometida por el Ejecutivo "sólo es del 23% respecto al coste global" por lo que "es insuficiente".