Industria recurrirá la sentencia que da la razón a unos vecinos en una expropiación para un parque eólico

La Consellería de Industria recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia que dio la razón a los comuneros del monte Argozón, en Chantada, que fueron expropiados por el anterior Gobierno gallego para levantar en la zona un parque eólico. El fallo judicial cuestiona que la explotación eléctrica de los terrenos por parte de una multinacional tenga más interés social que el aprovechamiento que le dan los vecinos a través del pastoreo y del negocio de la madera.

El departamento que dirige el nacionalista Fernando Blanco argumenta que, desatendiendo las peticiones de los dueños del monte, presentará el recurso porque la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia obliga a desmantelar los 23 aerogeneradores. Esta medida, prosigue la consellería, "no contribuiría a resolver ninguno de los conflictos que dieron lugar al proceso judicial" y podría tener además consecuencias económicas para las arcas públicas. Según Industria, la empresa Enerfín, responsable del parque eólico instalado en Argozón, ha amenazado con exigirle a la Xunta "la responsabilidad patrimonial" en caso de que se ejecute la sentencia.

La comunidad de montes de Argozón, integrada por un centenar de personas, había pedido a la Xunta que no recurriera la sentencia que les ha dado la razón "frente a los poderosos". Los vecinos alegan que sufrieron una expropiación "chapucera" por parte del anterior Gobierno y que presentar recurso ante el Supremo sería "darle la razón a empresas como Enerfín, que campan a sus anchas y pretenden hacer dinero a costa de los demás".

Industria cree, sin embargo, que recurrir el fallo es "la mejor opción posible" incluso para los propietarios de los terrenos. La consellería cree que desmantelar el parque eólico "no supondría satisfacción para ninguna de las partes, ya que cierra toda posibilidad de que logren acuerdos". La comunidad de montes de Argozón se ha mostrado dispuesta a llegar a un acuerdo con la empresa para que compense a los propietarios con parte de los beneficios de la instalación a cambio de no desmontar los aerogeneradores.

Otra impugnación

La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), con el apoyo de los tres partidos, impugnará ante los tribunales la decisión de la Consellería de Industria de anular 114 parques eólicos que iban a ser gestionados por ayuntamientos. Los municipios advierten de que sólo retirarán el recurso contencioso si Industria les garantiza por escrito que las corporaciones que se queden sin estas instalaciones serán compensadas económicamente. Según los cálculos de la entidad, las arcas municipales de estas localidades perderán unos 180.000 euros al año.

El presidente de la Fegamp, Xosé Crespo (PP) afirma que la consellería, dirigida por el nacionalista Fernando Blanco, les ha comunicado "oficiosamente" su intención de compensar a los municipios afectados, un extremo confirmado por el vicepresidente segundo de la entidad, Francisco García (BNG). "Es un contencioso de carácter preventivo, porque tenemos el compromiso del conselleiro", señaló Manuel Lagares (PSOE), vicepresidente primero de la Fegamp.