El fiscal denuncia el interés del Gobierno murciano en construir en una zona protegida

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM), Manuel López Bernal, asegura en su querella dirigida contra cinco altos cargos del Gobierno murciano, el alcalde de Águilas y un ex concejal de este Ayuntamiento -todos del PP, por permitir la construcción de más de 4.000 viviendas, un campo de golf y un hotel en una zona protegida por la Unión Europea denominada La Zerrichera- que la tramitación de la declaración de impacto ambiental del proyecto urbanístico "está llena de irregularidades de suficiente calado como para poder ser anulada".

Esta situación es lo que a juicio del fiscal jefe de Murcia demuestra "el inexplicable interés del director general de Calidad Ambiental", Antonio Alvarado -uno de los querellados que forma parte del Gobierno regional murciano-, "en favorecer la reclasificación de la finca de La Zerrichera".

Según el documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el director general de Calidad Ambiental habría obligado a los funcionarios de la Consejería de Medio Ambiente a realizar los estudios ambientales en 24 horas, al mismo tiempo que remitió una nota de régimen interior solicitando un informe jurídico sobre las competencias de la Dirección General de Calidad Ambiental asegurando que si no contestaba en 24 horas asumiría las competencias para la evaluación ambiental.

El fiscal asegura en su escrito que esta prisa "estaba orientada a un fin, que era el de evitar que haya opiniones contrarias a la modificación del Plan General de Águilas. Parece claro que en un plazo de 24 horas no se puede emitir el dictamen".