Una difícil ecuación: urbanismo, vivienda y medio ambiente

La actualidad política viene marcada últimamente por las secuelas mediáticas y políticas de una corrupción urbanística que, por desgracia, ya no es sólo patrimonio de los grandes ayuntamientos. A una escala inferior, no faltan tampoco los ejemplos de pequeñas corporaciones locales que ha duplicado en pocos años el número de vecinos o ampliado sin mesura alguna el suelo urbanizado de su término municipal.

La pregunta que cabe hacerse por tanto tiene que ver con la legitimación de estos entes locales para disponer de su territorio, como fórmula mágica para un progreso social y económico claramente insostenible. Porque es evidente que la multiplicación de este esquema de funcionamiento conduciría sin duda a un deterioro del medio ambiente, seguramente irreversible para las generaciones futuras. Parece muy cruda esta última afirmación, pero mientras el cambio climático se podría superar con la contención y disminución de las emisiones contaminantes a la atmósfera, la expansión de un urbanismo irracional no tiene un mecanismo de restauración ecológica sencillo. La sola idea de derribar una construcción ilegal provoca un impacto social considerable, y desde el punto de vista de los poderes públicos pocos quieren asumir el coste político que implica. Visto así, el daño ambiental queda consolidado hasta el fin de los tiempos.

El problema de aplicar criterios desarrollistas basados en un crecimiento urbanístico desmedido resulta a todas luces inconstitucional. El mandato de nuestra norma fundamental a las Administraciones responsables de garantizar el derecho a la vivienda deja muy clara la metodología que debe emplearse para ese objetivo. La utilización del suelo tiene que responder al interés general para evitar la especulación. Esta es una obligación que no sólo tiene como destinatarios a los agentes económicos privados; su ámbito de proyección abarca por supuesto también al conjunto de los poderes públicos competentes en la ordenación del territorio; es decir, comunidades autónomas y entidades locales.

Pero esas últimas disponen asimismo por expreso reconocimiento de la Constitución de una autonomía para le gestión de sus intereses propios. Es indudable que uno de los elementos y dimensiones más importantes de esa autonomía municipal es la capacidad para planificar su desarrollo urbano. Sobre este argumento no caben discusiones. Sin esa potestad para decidir sobre los procesos urbanizadores, los ayuntamientos se verían privados de un instrumento fundamental para generar expectativas sociales y económicas entre sus ciudadanos.

Sin embargo, la autonomía local no se configura como una potestad absoluta ni incondicionada. Por encima del interés estrictamente local hay un interés más global que nos afecta a todos los ciudadanos, aunque no seamos residentes en un municipio que ha apostado por el ladrillo y el asfalto. Ninguna corporación municipal tiene legitimidad para rebajar la calidad de vida de la mayoría e hipotecar para el futuro el medio ambiente que es de todos. Tampoco es de recibo la utilización del derecho la vivienda como un pretexto para especular con el suelo.

Por lo tanto, el dilema consiste de nuevo en encontrar un equilibrio que permita armonizar, primero, objetivos constitucionales como el medio ambiente y el desarrollo económico; y después, las competencias de las diferentes Administraciones para regular y ordenar el territorio. En este sentido, entiendo que el principio de sostenibilidad, que aparece por primera vez formulado en el nuevo Estatuto de Andalucía, un texto de envergadura cuasi-constitucional, estaría marcando la pauta a seguir para todos los poderes públicos.

Efectivamente, para lograr una correcta ponderación entre tantos intereses y competencias, garantizando así un urbanismo verdaderamente sostenible, hay que empezar a dotar a las entidades locales de una financiación adecuada a sus necesidades. Los problemas presupuestarios de los Ayuntamientos, reales sin duda, no pueden justificar la explotación abusiva del suelo. Los partidos deberían controlar mejor a sus élites locales, porque resulta fácil caer en la tentación propagandística que vincula el progreso de una pequeña -o grande- comunidad local especialmente con el crecimiento urbanístico. Así se pueden ganar elecciones, pero se pierde en coherencia política y se destruye la idea, en absoluto utópica, de un mundo algo más racional y menos contaminado de hormigón.

Gerardo Ruiz-Rico Ruiz es catedrático de Derecho Constitucional.