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Reportaje:

Embrollo urbanístico bajo la lupa europea

Los dueños de 2.000 chalés ilegales en el interior de Almería, casi todos británicos, temen el derribo de las viviendas

Dos mil viviendas ilegales construidas en un pueblo de 11.000 habitantes: éste es el embrollo urbanístico que una delegación del Parlamento Europeo intentará desentrañar la próxima semana en Albox, al norte de Almería.

Algunas de estas casas pertenecen a españoles, pero la mayoría son de británicos jubilados que vendieron sus propiedades en el Reino Unido para poder comprarlas. Más del 10% de los empadronados en este lugar son británicos. Todo cuanto poseen son estos chalés, a 40 kilómetros de la costa. Sus críticas se dirigen a los que permitieron la transformación de las tierras áridas sobre las que se erige Albox en un horizonte de casas blancas con jardín, sin adaptación alguna del Plan General (PGOU). Los chalés ilegales forman ahora pequeños grupos dispersos, sin calles, ni suministro eléctrico, ni los servicios básicos para un núcleo de población. Incluso se toleró la construcción de 11 viviendas en una rambla, que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía obliga ahora a demoler.

Los propietarios de las viviendas en cuestión, constituidos desde hace cinco meses en la asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No, saben que sus casas son ilegales. Pero son ellos los que se han quejado a la Eurocámara. "Somos víctimas. Confiamos en lo que nos decían y ahora nadie asume la responsabilidad", afirma Bob Naya, de 62 años, el presidente de la asociación.

Los afectados no conciben que hubiese ilegalidad en unos contratos en los que intervinieron los abogados de las promotoras. "Para un británico, lo que dice un letrado va a misa", explica la abogada María Eugenia Navarro, que representa a una decena de afectados. Desde hace unos meses Bob Naya vive solo. Su mujer se hartó de la situación y regresó al Reino Unido. La pareja llegó hace cinco años a Albox y compró un terreno a una promotora que también construyó la vivienda. "Nos aseguraron que no habría problema por construir la casa, que obtendríamos la licencia". Casos como éste se cuentan por centenas. No sólo eso: en Albox hay unas 2.000 casas ilegales, pero son 6.000 en el conjunto del Valle de Almanzora.

Una cuarentena de torres de alta tensión rodea una colina de tierra seca convertida en urbanización, conocida como la Alhambra. "Las pagamos entre 12 propietarios, nos costaron 100.000 euros", señala Paul, otro de los afectados. También pagaron el transformador, sin saber que la compañía eléctrica no podía suministrarles la energía. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía impide a las empresas suministradoras de energía servir a viviendas sin cédula de habitabilidad.

La casa de Peter tampoco tiene electricidad. La semana pasada compró un generador que le costó 600 euros y sólo lo pone en marcha cuatro horas al día, "porque sale muy caro", razona su mujer. Llegaron a Albox hace tres años y medio, porque Peter tenía problemas de salud y los médicos le aconsejaron "un cambio de aires". Pero este antiguo mecánico de coches asegura que ahora tiene más "estrés". Sus vecinos, Tom y Anne, se las apañan con pequeñas lámparas solares que cargan en el jardín.

"Los ingleses empezaron a comprar casas de apero, destinadas a guardar los utensilios del campo. Pagaban la licencia, pero el Ayuntamiento ni la daba ni la denegaba, y la construcción seguía adelante", denuncia Ecologistas en Acción de Almería. El portavoz socialista en el Consistorio y candidato a la alcaldía, José García Navarro, acusa al Ayuntamiento de "hacer la vista gorda". Ambos apuntan a una falta de planificación. "Si cuando empezaron a llegar los ingleses, el Ayuntamiento hubiese revisado su PGOU, no hubiera habido problema, porque el crecimiento hubiera sido ordenado", razona el delegado de Obras Públicas de la Junta en Almería, Luis Caparrós. El alcalde, también concejal de Urbanismo, Francisco Granero, del PP, elude pronunciarse. Faltan tres meses para las elecciones municipales.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 25 de febrero de 2007