Coladeros de armas y drogas

Introducir armas, droga o personas a través de un puerto deportivo es una tarea relativamente sencilla en algunos puntos de España. Buena parte de los 84 puertos deportivos que pueblan la geografía costera carecen de elementales medidas de seguridad. Esta situación es motivo de queja frecuente entre agentes de las fuerzas policiales, que observan cómo en los últimos tiempos se están produciendo entradas de droga, armas y personas no identificadas a través de estas instalaciones, en ocasiones con total impunidad.

Las medidas antiterroristas que se aplican en aeropuertos y puertos comerciales no tienen su traslación a este tipo de recintos, la totalidad de los cuales han sido transferidos a las comunidades autónomas o están gestionados por empresas privadas. Fuentes policiales aseguran que muchos de estos puertos están considerados como auténticos coladeros.

A los traficantes les resulta menos arriesgado introducir la droga en el puerto que en la playa

Algunas operaciones efectuadas en los últimos años demuestran que los traficantes habían llegado a considerar que resultaba menos arriesgado y más cómodo introducir la carga en un puerto que descargarla en una playa más o menos solitaria. Es una tendencia que preocupa a las fuerzas de seguridad. Prueba de ello ha sido la utilización cada vez más notable de veleros para introducir cargamentos de cocaína en España. Lo mismo ha sucedido con embarcaciones deportivas, yates e incluso barcos pesqueros. Intervenciones de droga de cierto tamaño se han producido recientemente en localidades de Cádiz, Málaga, Valencia y Baleares: en todas ellas, el objetivo era introducir la carga en el mismo puerto. Los datos policiales señalan casos de tráfico de armas e incluso de tráfico de inmigrantes, como ha sido la entrada de ciudadanos rusos a través del puerto de Benalmádena entre otros.

"Sólo a través de información previa hemos podido realizar esas operaciones. En esos casos, llegamos a tiempo, pero está claro que el puerto deportivo es un objetivo de las organizaciones mafiosas y que en esos puntos tenemos un agujero", reconoce un responsable policial.

En el mismo sentido se manifiesta un responsable de la Guardia Civil, algunos de cuyos agentes reconocen que la vigilancia de los puertos "ha pasado a mejor vida" entre las actividades de las patrullas del Instituto Armado. Hay puertos que todavía conservan, cerrado con un candado, el habitáculo que empleaba la Guardia Civil hace unos años. Otros, directamente, lo han derruido. La vigilancia se limita a la seguridad privada.

El problema es especialmente delicado en el sur de España, una zona que se considera sensible por su proximidad al norte de África. A pesar de que la totalidad de sus puertos anuncian que disponen de un servicio de vigilancia de 24 horas, se puede observar con toda facilidad cómo dicho servicio deja mucho que desear.

Hay casos paradigmáticos, como el del puerto de Barbate, una localidad muy sensible al tráfico de drogas. Barbate, en su momento, disfrutó de un dispositivo de la Guardia Civil e incluso de Vigilancia Aduanera, pero su transferencia a la Junta de Andalucía motivó la retirada de ambas instituciones. A pesar de ser un punto caliente en el narcotráfico, cualquier ciudadano puede entrar con un vehículo en el puerto de Barbate, sin que nadie le moleste, aparcar junto a un amarre y hacer una operación de carga y descarga. Las puertas de acceso están permanentemente abiertas y sin vigilancia. De forma aleatoria, alguna patrulla de la Guardia Civil accede al recinto. Los barcos entran en puerto sin otra obligación que dar el número de matrícula y, en todo caso, el nombre del patrón.

Tarifa es otro punto muy discutido. El puerto deportivo está pegado al puerto comercial, un recinto por cuya seguridad vela el Estado, entre otras cosas porque hace las veces de puerto fronterizo. Pues bien, a pesar de la cercanía del puerto comercial, el acceso al puerto deportivo carece de vigilancia. Incluso existe un acceso antiguo que está permanentemente abierto. Algunos polizones que viajan en los buques que hacen la travesía Tarifa-Tánger se han introducido en España con una maniobra tan simple como saltar del barco cuando ya está amarrado, saltar también una mínima valla que da acceso al puerto deportivo y perderse entre las calles de Tarifa.

No todos los puertos tienen una seguridad tan elemental. Los hay que disponen de cámaras interiores y barreras que impiden el acceso a las embarcaciones, pero la seguridad está encaminada en mayor medida a proteger los yates de posibles hurtos que a una vigilancia de las personas y mercancías que viajan dentro de esas embarcaciones. Según expertos en materia de derecho marítimo, "no existe actualmente ninguna regulación que les afecte en materia de contrabando e inmigración, más allá de lo que diga la ley de puertos de cada comunidad autónoma o del reglamento interno de cada puerto".

Lo mismo sucede en lo que respecta al terrorismo. La mayoría de los puertos disponen de normas que les permiten solicitar la identificación de las personas que viajan dentro de cada embarcación e incluso inspeccionar su carga, pero sin la capacidad coercitiva de las fuerzas de seguridad. La seguridad se limita, en muchos casos, a informar a la policía o la Guardia Civil de aquellos movimientos extraños que observan.