Las administraciones y los promotores defienden un pacto sobre la vivienda

Enric Reyna. Para llegar a un pacto creo que es urgente revisar las ordenanzas municipales. La rehabilitación es una de las formas para que Barcelona tenga viviendas. Igual que decimos "buscamos soluciones para sancionar a aquel que tiene el piso vacío", ¿por qué no se buscan soluciones para hacerlo con quien tenga edificado menos de lo que se permite? Hay un señor que tiene planta baja y piso y si no quiere edificar, no edifica. Las ordenanzas actuales son inviables.

Manel Andreu. Yo dudo de que esta propuesta que hace Reyna sea para construir viviendas asequibles.

E. R. El señor que tiene unos metros en los que no construye, cuando lo haga, que parte del provecho se lo dé a la Administración. Y ésta ya tiene dinero para poder hacer otra cosa. En un pacto cada parte debe ceder siempre. Si no, no es un pacto, es una imposición. Y en un acuerdo entre la Administración y el particular, la primera cede por una parte y el privado por otra. Por el bien de la comunidad: con algo con lo que no se podía edificar nada, si se puede construir, dividamos la plusvalía. Pero es muy importante revisar las ordenanzas, porque hoy no puedes derribar una casa si hay inquilinos dentro y no los puedes sacar, porque la normativa no te lo permite; el patio no es suficientemente ancho; el agujero del ascensor no tiene las medidas para hacerlo...

Carme Trilla. La rehabilitación se ha ido introduciendo poco a poco, desde hace 10 o 15 años. En este periodo se han ido viendo los problemas. La realidad obliga a la normativa a ponerse en consonancia. Hay muchos temas de los que hablar, muchísimos. En cuanto a las ordenanzas sobre rehabilitación, es clarísimo. Los municipios deben trabajar y jugar con incrementos y variaciones de las densidades a cambio de las cuales se permita conseguir vivienda protegida.

Eugeni Forradellas. Lo que plantea Reyna es muy interesante, pero no lo acabo de ver. Me gustaría estudiarlo más a fondo. La clave sería conseguir más viviendas asequibles. El problema de Barcelona no es construir más, sino levantar más viviendas económicas, cumpliendo con la futura ley de la vivienda. En este asunto deberíamos ser europeos, porque cuando hablamos de incentivar y de sancionar, eso es exactamente lo que las leyes europeas determinan en la mayoría de casos. Debe ser totalmente normal que se incentive a alguien para arreglar su piso o darle garantías de un seguro multirriesgo, pero también que exista la posibilidad de sancionar a alguien que sistemáticamente no lo hace o lo evade. Y además, queremos una ciudad con mezcla, que la vivienda protegida no esté concentrada en unos barrios y que en otros no haya ninguna.

"Las bolsas de vivienda de alquiler social han permitido movilizar una parte de la vivienda vacía dando garantías al propietario y dejando claro que lo recuperará al cabo de cinco años como lo dejó. Y que cobrará cada mes. Pero hay otro elemento. Las ayudas al alquiler. Éramos uno de los pocos países de Europa que no las tenía. Entre 2005 y 2006 se han tramitado en Barcelona 4.537. Los jóvenes son el segmento más afectado por la precariedad laboral. Luego está la gente mayor. Hablamos mucho de los mileuristas, pero los hay jubilados, con pensiones muy bajas que necesitan un apartamento adecuado a sus necesidades.

"En la próxima asamblea de la Federación de Asociaciones de Vecinos, el lema será precisamente La vivienda, un derecho de primer orden. Cuando Reyna habla de 'medidas que estimulen [a que los propietarios alquilen sus pisos]', estamos de acuerdo, pero también otras que, de alguna manera, controlen y si no se hacen bien las cosas, se pueda sancionar. La ley de la vivienda permitirá corregir defectos. Por ejemplo, que sea la Administración la que tenga primero la potestad de comprar una vivienda es importante, porque se sabe que hay mucha picaresca con las viviendas protegidas. La vivienda calificada tiene que durar 90 años. Eso dará seriedad".