El PSE se queda solo al tratar de modificar las ayudas a los presos

El PP aprecia "una nueva concesión" en el plan de igualarlas a otras subvenciones

El Gobierno mantendrá como actualmente están reguladas las ayudas a familiares de presos de ETA para sus desplazamientos a las cárceles, tras fracasar el PSE en su intento de que el Ejecutivo las incluya en el marco de los servicios sociales, las iguale en requisitos a las ayudas de emergencia y equipare su cuantía a la de los viajes por motivos sanitarios. El PSE recibió críticas de todas partes por su cambio de posición o la insuficiencia del mismo.

El PSE-EE se quedó solo en el pleno del Parlamento y vio derrotada por la votación en bloque del resto de las formaciones una propuesta que perseguía modificar las ayudas a los familiares de presos. El PP apoyó sólo el punto que pedía la retirada del decreto que regula esas ayudas, cifradas en 220.000 euros en los últimos presupuestos, pero abierta a la ampliación si es preciso. Las críticas a la nueva posición socialista fueron generalizadas. Desde el PP, el más duro, a EHAK y el tripartito o Aralar, a nadie le gustó su iniciativa, pero el PSE no atendió la petición de retirarla que se le hizo. El PP se lo solicitó devolviéndole su tesis de que no hay que llevar a la Cámara cuestiones que susciten división en estas materias.

La base argumental de la proposición socialista, que ha apoyado los dos últimos presupuestos del Gobierno con la incomodidad de llevar esta partida dentro, era el siguiente: el decreto de Justicia privilegia a los familiares de presos, que pueden recibir ayudas con ingresos de hasta el 300% del salario mínimo, mientras que los aspirantes a la renta básica no pueden superar el 87%. Por ello, proponía igualar esos criterios. Perseguía también equiparar lo que se paga por visita a un preso y por viajes para consultas médicas: entre un 30% y un 400%, más, según distancia, a favor de los presos.

Los socialistas querían suprimir esas situaciones de favor y, además, otorgar ayudas a quienes también viajan para encontarse con sus familiares huidos por la presión de ETA o los que, escoltados a diario, encuentran "un respiro" saliendo de Euskadi. Incluían también ayudas a familias de víctimas que se fueron a otras comunidades.

Todo fue rechazado y el portavoz del PSE, Jesús Loza, no pudo rebatir con eficacia las acusaciones del PP cuando el representante de este partido, Leopoldo Barreda, le acusó de haber cambiado diametralmente de posición y leyó intervenciones pasadas. El resto de la Cámara (tripartito, EHAK y Aralar), llamó al PSE a ir "al origen del problema", la dispersión, según coincidieron.

En respuesta a una interpelación, el lehendakari Ibarretxe espetó a la presidenta y portavoz del PP que ella y su partido son "mercancía averiada", mientras María San Gil le recordó sus 210.000 votos. [La Cámara acordó crear una comisión especial sobre los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria].

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