El sector conservador del CGPJ critica el nuevo régimen de la Guardia Civil

El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Adolfo Prego, propuesto por el PP, ha presentado un borrador de informe al órgano de gobierno de los jueces en el que considera inconstitucional el nuevo régimen disciplinario de la Guardia Civil que saca a estos agentes del catálogo de sanciones militares. El informe, al que se oponen los vocales progresistas, propone que no se excluya a los guardias de la aplicación del Código Penal castrense.

El anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno aclara la naturaleza mixta del instituto armado y da o quita la naturaleza de militares a sus integrantes según cumplan funciones policiales -la mayoría de las veces- o estrictamente castrenses. Uno de sus preceptos modifica el Código Penal Militar en la definición de los que deben ser juzgados con esa norma y establece que los miembros de la Guardia Civil sólo tendrán la consideración de militares a los efectos de ese Código "en tiempo de guerra, durante la vigencia del estado de sitio, durante el cumplimiento de misiones de carácter militar o cuando se integren en unidades militares".

El borrador de informe concede que "la desmilitarización de la Guardia Civil en un aspecto fundamental" como su régimen disciplinario es una opción plenamente legítima del Parlamento. Sin embargo, el vocal conservador busca las colisiones de la medida propuesta por el Gobierno con varias disposiciones legales en las que se define la naturaleza militar del instituto armado. "Su estatuto jurídico [el de la Guardia Civil] es el que más conviene al conjunto de las misiones que se realizan, ya sean policiales o militares", afirma el vocal conservador, que concluye que la creación de un régimen disciplinario distinto al militar para estos agentes es "incongruente".

Pero la crítica más radical expresada por Prego a la reforma propuesta por el Gobierno socialista es la de su compatibilidad con la Constitución. El vocal cree que el hecho de que determinados militares (los guardias civiles) no estén sujetos al Código Penal Militar podría vulnerar la norma fundamental. "Una reforma que excluya de la aplicación del Código Penal Militar a determinada clase de militares estará a su vez privando a la jurisdicción militar del conocimiento de una materia estrictamente castrense como es la que constituyen las conductas delictivas de naturaleza militar cuando son perpetradas por militares integrantes de la Guardia Civil, lo que plantea serias dudas de constitucionalidad de la reforma en este punto", asegura el informe.

El documento se debatió en la última reunión de la comisión de estudios e informes del Consejo, que tuvo lugar el pasado jueves. Pero conservadores y progresistas no se pusieron de acuerdo. Los vocales de la minoría se opusieron a las apreciaciones del documento recordando que hay decenas de sentencias del Tribunal Constitucional que establecen la naturaleza mixta del instituto armado, que depende del Ministerio del Interior y del de Defensa. Los progresistas sostienen además que la decisión de someter o no a la Guardia Civil al régimen disciplinario militar corresponde únicamente a la voluntad del Gobierno y del Poder Legislativo, y que el Consejo General del Poder Judicial no puede objetar nada en este punto.

Oposición de la AUGC

La desmilitarización del régimen disciplinario es una reivindicación histórica de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en el cuerpo. Si embargo, sus dirigentes se han opuesto al anteproyecto por considerarlo "negativo y cicatero". La asociación asegura que es de una mayor dureza sancionadora, no aumenta las garantías para los expedientados y significa el incumplimiento de las promesas electorales del PSOE.

El pasado 20 de enero, unos 3.000 guardias se manifestaron de uniforme y con sus tricornios reglamentarios en la plaza Mayor de Madrid para reclamar la desmilitarización total del cuerpo y no sólo la de su régimen sancionador. La Dirección General de la Guardia Civil apartó del servicio y abrió expediente disciplinario por falta muy grave a los organizadores del acto.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado reiteradamente que el Gobierno no piensa eliminar el carácter castrense del instituto armado.