Pésima gestión

El crecimiento de la economía obliga a algo más que a contabilizar el aumento del PIB, ingresar las cotizaciones crecientes a la Seguridad Social y atesorar los impuestos. Exige, sobre todo cuando está basado en el empleo, que las administraciones públicas garanticen un nivel adecuado de infraestructuras de transportes, lo cual demanda a su vez una política atenta de inversiones en redes, estaciones y mantenimiento de líneas. Ni las comunidades autónomas, ni los ayuntamientos, ni siquiera el Estado parecen preocupados por cumplir estos requisitos mínimos que pide una sociedad avanzada. Véanse como ejemplos poco edificantes el funcionamiento cada vez peor de los trenes de cercanías de las grandes ciudades y el del metro de Madrid, que acumula averías y retrasos sin que a los responsables de la Comunidad se les ocurra otra explicación que sugerir sabotajes.

El miércoles, un accidente reveló nítidamente el necio enconamiento político que acaba por hartar a los usuarios, cuando una viga de 140 toneladas se desplomó sobre las vías del AVE y dejó sin servicio de tren a más de 17.000 personas. Una Administración responsable se hubiera puesto en marcha para saber por qué se cayeron la grúa y la viga, explicaciones que sin duda debe facilitar la empresa Corsán-Corviam. En lugar de eso, el Ministerio de Fomento y la Comunidad de Madrid, ocupados por partidos rivales, se enfrentaron en un navajeo disparatado para pasarse la pelota de la responsabilidad política.

Si se dejan a un lado los dislates políticos, no es difícil avanzar un diagnóstico sobre el deterioro de servicios como el transporte público. Las administraciones responsables se ocupan de invertir en fastos brillantes e inauguraciones faraónicas mientras se olvidan las inversiones en mantener la calidad del servicio -trenes, personal, seguridad-, que no generan beneficios propagandísticos a corto plazo.

Lo que es aplicable al metro madrileño se puede extrapolar a los trenes de cercanías de Barcelona -trece incidentes en menos de dos meses-, el metro de Valencia o las obras de la M-30. El mensaje sencillo para los políticos es que el crecimiento económico reclama una ampliación y mejora constante de las infraestructuras, que la descoordinación entre administraciones no debe obstaculizar esa modernización y que la mala gestión acabará por costar votos y, desgraciadamente, en algunas ocasiones, vidas.