Las víctimas del centro de Massamagrell estaban encerradas y sin vigilancia

Las cinco víctimas del incendio en la residencia San Lorenzo de Brindis ocurrido el 28 de marzo de 2006 estaban encerradas bajo llave en la enfermería, sin vigilancia y sin atención. Así lo recoge un auto de la instructora, que ha cerrado las diligencias previas con cinco imputaciones por homicidio imprudente con resultado de muerte. La juez explica que uno de los cinco enfermos que estaba en la enfermería tuvo una crisis y fue reducido y atado a la cama. El rozamiento por sus convulsiones provocó una chispa que inició el fuego. El médico se marchó sin más al acabar su turno.

Los bomberos que aquella tarde actuaron sobre el fuego de la residencia dijeron que la enfermería era "una ratonera", que las cinco personas habían muerto "abrasados como pollos". Perdieron la vida una mujer y cuatro hombres, de entre 30 y 60 años. No tuvieron escapatoria. Estaban encerrados bajo llave, sin vigilancia, sin asistencia. Así lo recoge un auto de la instructora de Massamagrell que ha llevado la investigación y que ha imputado a cinco personas (el gerente, el director, el médico, una enfermera y el hijo del dueño) por homicidio imprudente con resultado de muerte.

Aquel día, 28 de marzo de 2006, uno de los enfermos internados en la enfermería, David H.M., de 30 años, afectado de un trastorno de personalidad y retraso mental leve, sufrió un ataque propio de su enfermedad sobre las 18.00. Tuvo que ser reducido por el médico, José Vicente Alfonso Aquilino, por Juan Felipe García Navarro y por José Portolés, trabajador de la residencia. Le sujetaron, medicaron y ataron a una cama de la enfermería. Otras cuatro personas estaban internadas en la enfermería. "Todos ellos enfermos imposibilitados, sin ninguna posibilidad de poder moverse por sí mismos", dice la juez. Y añade: "Dicha enfermería siempre estaba cerrada con llave por acuerdo previo de Juan Felipe García Navarro, José Vicente Alfonso Aquilino [médico de la residencia e imputado], Alberto Martínez Beneyto y Alberto Martínez Moreno [responsables del centro e imputados]".

Poco después de ese episodio con David H.M., la enfermera que dispensaba la medicación observó que se encontraba "agitado, con movimientos bruscos, moviendo la cama e insultándola, no dando cuenta de dicha situación al médico". El médico abandonó el centro. Había cubierto su horario laboral. "Los enfermos se quedaron encerrados con llave en el interior de la enfermería sin ningún tipo de asistencia ni de vigilancia", asegura la juez en el auto. David H.M., alterado según recoge la instructora, "realizó un movimiento brusco en la cama, provocó una chispa y posteriormente dicha chispa un incendio". Esa fue la causa de la muerte de los cinco internos.

Alicia de Miguel, consejera de Bienestar Social, negó en su día que los enfermos estuvieras atados y menos aún encerrados.

Alicia de Miguel reconoció el día del incendio que se estaba tramitando la licencia. De hecho, al día siguiente, y de forma provisional, le fue concedida. Pero el juzgado se lo preguntó por escrito, al igual que la cobertura que podía tener la decisión de cerrarlos bajo llave o que no existiera vigilancia médica en el centro. Bienestar Social respondió hace escasos días. El informe lo firmó Francisco Villena Alarcón, director general de Integración Social del Discapacitado. En él dice que fue el 22 de febrero de 1993 cuando se concedió al centro la licencia como Residencia de la Tercera Edad. Afirma que "consta en el expediente que la residencia había sido acondicionada a instancias de la Diputación de Valencia con vistas al proceso de desinstitucionalización del Psiquiátrico de Bétera, derivando los usuarios de ésta a la citada residencia". La residencia funcionó como psiquiátrico sin tener licencia para ello. Lo cierto es que los servicios técnicos de Bienestar social no le concedieron la licencia para albergar a enfermos mentales por defectos importantes estructurales. El día del incendio no tenía licencia, Bienestar Social le dio una provisional al día siguiente de los hechos.

La Consejería elude en ese informe cualquier responsabilidad sobre la situación en la que se encontraron aquellas víctimas. Simplemente, explica: "Las pautas de sujeción, en su caso, así como cualesquiera otros tratamientos específicos para cada residente vienen fijados por los profesionales que trabajan en el centro y según el criterio de los facultativos". No hay normativa. Del mismo modo que no la hay para garantizar la presencia de un médico-psiquiatra en un centro psiquiátrico durante 24 horas. Ni antes del incendio ni después de él se ha arbitrado.