Recurso poco razonable

¿Es razonable que se interponga un recurso de inconstitucionalidad contra un estatuto de autonomía que ha sido aprobado prácticamente por unanimidad por las Cortes Generales? Si el primer y más importante intérprete de la constitución, que no es el Tribunal Constitucional sino las Cortes Generales, ha llegado a la conclusión por unanimidad de que no hay nada en el proyecto o proposición de ley de reforma de un estatuto de autonomía que sea contrario a la constitución, ¿es razonable que se someta su decisión a la revisión del Tribunal Constitucional?

Obviamente, la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional legitiman al Gobierno de cualquier comunidad autónoma para que pueda interponer un recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, no hay nada que objetar a que el presidente de gobierno de una comunidad, como lo es Juan Carlos Rodríguez Ibarra, haya anunciado que piensa interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el estatuto de autonomía para Andalucía en cuanto sea publicado como Ley Orgánica en el BOE.

Esto no se puede discutir. Pero ¿es razonable que lo haga? La reforma del estatuto de autonomía de Andalucía no es solamente expresión de la voluntad de autogobierno de los ciudadanos andaluces, sino expresión del pacto alcanzado entre el Parlamento de Andalucía y las Cortes Generales, que son representativas del "pueblo español", que nos incluye a todos.

Ciertamente nuestro sistema político descansa en el mandato representativo y no en el mandato imperativo y, en consecuencia, los diputados y senadores son representantes del pueblo español en su conjunto y no de los ciudadanos que los han votado en las circunscripciones en las que han sido elegidos. Un diputado elegido en Badajoz no representa a los ciudadanos de Badajoz, sino que es un representante de la Nación española. En esta ficción descansa el Estado representativo. Sin ella no puede operar. Pero no es menos cierto que los diputados y senadores elegidos en las provincias de Cáceres y Badajoz, además de tomar en consideración los intereses generales del país, han tomado también muy en consideración los intereses de las provincias por las que han sido elegidos. No es razonable, en consecuencia, pensar que les haya pasado inadvertido que en la norma constitutiva de la comunidad autónoma limítrofe de Andalucía se haya incluido un precepto que afecta negativamente a la comunidad autónoma integrada por las provincias que son sus circunscripciones electorales.

Las Cortes Generales han analizado y analizado de manera detenida con el concurso de la delegación del Parlamento de Andalucía, la compatibilidad de la pretensión de la comunidad autónoma de gestionar el Guadalquivir y el interés general del Estado y han llegado a la conclusión por unanimidad de que, en los términos en que está recogida la competencia en el estatuto de autonomía para Andalucía, es compatible con la Constitución.

¿Tiene sentido que el presidente de una comunidad autónoma sea más papista que el papa y se erija en defensor del interés general del Estado por encima de y en contra de la valoración que del mismo han hecho las Cortes Generales? Si la institución que representa al "pueblo español" considera que el interés general del Estado no queda menoscabado por el artículo 51 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, ¿es razonable que no lo considere así quien sólo representa a una parte de ese pueblo español?

Porque el presidente de la Junta de Extremadura no está argumentando que el estatuto de autonomía de Andalucía está invadiendo competencias de la comunidad extremeña, sino que está invadiendo competencias del Estado. No se erige en defensor de su comunidad autónoma, sino en defensor del Estado. Insisto. ¿Es razonable que Juan Carlos Rodríguez Ibarra no de por buena la defensa que de las competencias del Estado han hecho las Cortes Generales y se convierta en defensor de las mismas en contra de la voluntad expresamente manifestada por dichas Cortes Generales? Esperemos que los servicios jurídicos de Extremadura se lo hagan ver así.