Dos sindicatos avisaron en 2005 al inspector detenido sobre la corrupción policial en Ronda

Representantes de los sindicatos policiales UFP y SUP advirtieron a mediados de 2005 al responsable de la comisaría de Ronda (Málaga) detenido el pasado martes junto a otros seis agentes por "delitos comunes en el área de extranjería y explotación sexual de mujeres" de que se enfrentaba a una plantilla con casos de corrupción. Según fuentes policiales, desde hacía "varios años" dos policías de escala básica, que se encuentran entre los detenidos, controlaban los bajos fondos de la ciudad en la que "hacían y deshacían a su antojo". Los detenidos pasarán hoy a disposición judicial.

Los sindicalistas se reunieron con el alto mando policial, Juan Antonio Rodríguez, de 50 años, en mayo de 2005, poco después de que el inspector jefe se incorporara a la comisaría de Ronda procedente de Sevilla. El oficial traía el mandato y la intención de "poner un poco de orden" en un distrito en el que se habían producido numerosas denuncias internas por irregularidades.

Fuentes cercanas al caso indicaron que justo después de reunirse con los sindicatos, el jefe de la comisaría apartó de las tareas de Policía Judicial a los dos agentes de escala básica sospechosos de cometer irregularidades y los puso en el control de puerta. Al parecer, el cambio de destino les duró poco. En cuestión de semanas habían regresado a su plaza anterior, una ocupación meramente investigadora que desempeñaban vestidos de paisano y les daba un "gran margen de libertad".

Agentes cercanos a la plantilla de Ronda señalaron ayer que los dos agentes que supuestamente lideraban esta trama de corrupción y prevaricación solían estudiar los comportamientos y gustos de los recién llegados a la comisaría y trataban de complacerlos para ganarlos para su causa supuestamente delictiva.

Los arrestados, entre los que se encuentra el subinspector encargado de los asuntos de extranjería, son sospechosos de traficar con documentos y pasaportes. Fuentes cercanas al caso, mantienen que también "hacían la vista gorda" con el menudeo de drogas en bares de la comarca "a cambio de favores".

Las investigaciones comenzaron tras conocerse que el jefe de la comisaría mantenía una relación con una mujer de origen árabe que regentaba un club de alterne de la ciudad y entre las pruebas recabadas por los investigadores se encuentra el testimonio de una inmigrante a la que pidieron dinero por tramitar su residencia. En su particular puesta en escena, los agentes detenidos se repartían los roles. Según fuentes cercanas al caso, uno de los imputados hacía de "poli malo" para asustar a las inmigrantes que se encontraban en situación irregular, mientras que otro adoptaba el rol de "poli bueno", y se ofrecía a arreglar su situación a cambio de dinero.

Sin embargo las tramitaciones que supuestamente realizaron resultaron ser fraudulentas, ya que una de las víctimas circulaba por el país creyendo que tenía permiso de residencia y cuando le pidieron la documentación que lo acreditara comprobó que la habían engañado.

La unidad de asuntos internos de la Policía Nacional llevaba varios meses investigando las corruptelas supuestamente protagonizadas por los siete agentes detenidos el martes y en las que participaba otra persona ajena al cuerpo. Según fuentes policiales, "era de dominio público" que en la comisaría de esta ciudad, en la que había apenas una treintena de agentes, se producían "demasiadas irregularidades".

Los servicios jurídicos del sindicato Confederación Española de Policía (CEP) asumirán la defensa de cuatro de los policías imputados, mientras que los letrados del Sindicado Unificado de Policía (SUP), atenderán a los otros tres. Los representantes sindicales en la provincia de ambas formaciones, Juan Carlos Gil (CEP) y Manuel Beaín (SUP) pidieron ayer que se respete la presunción de inocencia de sus afiliados. El comisario provincial, José Gutiérrez Valenzuela, señaló que "en un colectivo de 50.000 personas como la Policía es posible que se den casos de corrupción, pero son excepcionales. Tanto en el caso del CIE como en éste, la Policía Nacional ha actuado con rapidez y transparencia", informa Fernando J. Pérez.