¡Agua va!

Hasta ahora se habían destacado los problemas de abastecimiento de agua que ha acarreado la vertiginosa urbanización del territorio durante los últimos años. Pero resulta que, además, las aguas residuales también son un problema. Más de 800 núcleos urbanos en todo el país, algunos de ellos capitales de provincia, incumplen la directiva comunitaria de 1991 sobre depuración que tenían que haber aplicado hasta 2006. A estos municipios hay que sumar otros 288 que Bruselas acaba de declarar como zonas sensibles, lo que conlleva la obligación de aplicar unos tratamientos de depuración más completos. En total, más de 25 millones de personas -es decir, más de la mitad del último censo realizado en España- se ven afectadas por la falta de un tratamiento adecuado de las aguas residuales.

Se trata, sin duda, de otro de los efectos indeseables de un modelo de crecimiento que no sólo basa gran parte de su impulso en el ladrillo, sino que también ha sido abandonado a la imprevisión. Así como el abastecimiento de agua es uno de los requisitos para autorizar cualquier nueva urbanización, el tratamiento de las aguas residuales no se incluye en el catálogo de exigencias establecidas por las leyes. Ahí radica una de las principales causas de que la Administración no haya podido hacer frente al problema hasta que no ha alcanzado las proporciones actuales

El nuevo Plan de Saneamiento que prepara el Gobierno no debería quedar en papel mojado como su antecesor de 1995. A diferencia de entonces, ahora no se trata sólo de prever ni de ordenar un aspecto concreto del crecimiento urbanístico, sino de paliar los efectos potencialmente nocivos tanto para la salud como para el medio ambiente.