El fiscal pide 20 meses de cárcel a Muñoz por una licencia ilegal

A Julián Muñoz se le acumulan las causas por delitos contra la ordenación del territorio. En los próximos dos meses el ex alcalde de Marbella encarcelado por el caso Malaya tiene fijados al menos tres juicios, uno de ellos el próximo 16 de abril, en el que se enfrenta a una petición fiscal de 20 meses de prisión por la concesión de una licencia de obras para una vivienda unifamiliar en una zona no urbanizable.

En la causa también están imputados cinco ex ediles marbellíes y Pedro Román, considerado mano derecha del fallecido Jesús Gil, y para el que el ministerio público pide 18 meses de cárcel.

El fiscal considera que la licencia a la promotora Artola Inversiones se otorgó siguiendo "las instrucciones que les dio el alcalde de la localidad Gil y Gil" pese a que la catalogación del suelo era "totalmente incompatible" con la autorización. El lugar estaba clasificado como rústico y tras un plan parcial pasó a considerarse zona educativa y docente. El Ministerio Público mantiene que los acusados sabían que había incompatibilidad, aunque lo autorizaron porque creyeron que se adaptaría al Plan General de 1998, que nunca llegó a aprobarse.

Artola Inversiones consiguió la licencia para edificar la vivienda unifamiliar, con un presupuesto de 105.799 euros, en una comisión de gobierno presidida por Pedro Román en febrero de 1998 y cinco meses después Julián Muñoz aprobó la licencia de ejecución en otra comisión. En la causa también están imputados los ex concejales Mario Jiménez, Manuel Calle, Juan Antonio Yagüe, Dolores Zurdo, María Luisa Duarte Alcalá, y Rafael González, estos dos últimos en prisión por el caso Proinsa.

Por otro lado, la gestora de Marbella trata de decidir sobre demolición de la nave de material de construcción La Juanita edificada en los tiempos de Gil en una parcela junto al cementerio y sobre la que pesa una sentencia firme. Ésta es una de las siete sentencias que la Junta pidió que se ejecutaran al Tribunal Superior de Justicia Andaluz (TSJA) el pasado noviembre. A comienzos de enero, el tribunal instó a la gestora que se posicionara sobre el derribo de tres conjuntos residenciales habitados. En esta ocasión los técnicos de Urbanismo pidieron al TSJA que aplazara la ejecución hasta que se apruebe el nuevo Plan General.