La empresa posee en la zona un yacimiento sin licencia

Cupa Group, la empresa que ha solicitado la apertura de dos nuevas canteras en O Courel, es la propietaria del yacimiento de A Campa. Esta polémica explotación, ubicada en Folgoso do Courel, carece de licencia municipal y autonómica y sobre ella pesa una orden de paralización de actividad dictada por la Dirección Xeral de Urbanismo de la Xunta en 2002. La asociación ecologista Adega ha denunciado ante la Administración que, pese a todo, los responsables del recinto mantienen actualmente la actividad de extracción de la pizarra, que se inició en la década de los setenta.

Uno de los nuevos proyectos presentados por Cupa Group en la Xunta -la explotación Cupa II Fracción 3ª- prevé además la utilización de los terrenos de A Campa para acumular escombros, una circunstancia que también ha provocado las protestas de los ecologistas. En su recurso ante la Consellería de Industria, Adega argumenta que en A Campa se trabaja "de forma ilegal" y que el yacimiento no tiene espacio suficiente ni para apilar sus propios residuos.

Otra polémica en Terra Chá

La historia de las canteras de O Courel no es nueva. En Terra Chá, también en la provincia de Lugo, la Consellería de Medio Ambiente revisará los estudios de impacto ambiental de tres minas de cuarcita a cielo abierto que el Gobierno anterior aprobó cuando estaba en funciones. Las explotaciones, ubicadas en una extensión de 5.670 hectáreas, provocaron el rechazo unánime de los alcaldes y vecinos de los seis municipios afectados (Castro de Rei, Cospeito, Abadín, Vilalba, A Pastoriza y Riotorto). Los opositores a estos proyectos ven peligrar humedales protegidos e incluso decenas de explotaciones agrícolas.

La Consellería de Industria autorizó la explotación a la empresa solicitante, Erimsa, el pasado 20 de noviembre, una vez comprobado que disponía de la correspondiente declaración favorable de impacto medioambiental. Tras la "alarma social" que se produjo en la Terra Chá, el departamento de Fernando Blanco emitió en enero una resolución en la que solicitó a Medio Ambiente la revisión del permiso que sirvió de base para otorgar la concesión.

La autorización a la empresa, que se puede prolongar por espacio de 90 años, abarca a una amplia zona de la comarca chairega.Según los alcaldes y vecinos afectados, la actividad de las minas haría inviable la continuidad de numerosas explotaciones lácteas y de carne, que perderían sus terrenos en favor de la extracción de los recursos mineros a cielo abierto. Los proyectos tendrían asimismo un impacto importante en áreas declaradas Reserva de la Biosfera por la Unesco y otras de interés comunitario. La Consellería de Innovación e Industria impulsó la revisión del estudio de impacto ambiental tras el recurso de alzada planteado por Adega y otros nueve colectivos.