La oposición de Sabadell lleva al juez una operación urbanística

Entesa per Sabadell, ICV-EUiA, CiU y ERC han interpuesto un contencioso-administrativo contra el gobierno encabezado por el socialista Manuel Bustos para que se anule el convenio que el Ayuntamiento firmó el 2 de agosto con el Ministerio del Interior, por el que la "ciudad paga tres millones de euros y cede un solar de 5.000 metros cuadrados, valorado en otros cinco millones de euros", a la Guardia Civil.

El convenio establece que, a cambio, la Guardia Civil abandonará el antiguo cuartel, que en un futuro acogerá un complejo destinado a la investigación médica. El convenio fue aprobado por decreto de la alcaldía el pasado 9 de octubre y, en opinión de toda la oposición en el Ayuntamiento de Sabadell, a excepción del PP, "perjudica gravemente a la ciudad".

Los demandantes sostienen que "no está justificado" que la ciudad tenga que pagar tres millones de euros por un solar que "es del todo propiedad del Ayuntamiento, como consta en el Registro Mercantil". También consideran improcedente que el equipo de gobierno haya aprobado el convenio valorando el solar con un coste de cero euros para evitar "que el conjunto de la operación se debatiese en el pleno municipal". La legislación obliga a pasar por el pleno aquellos acuerdos en los que el consistorio debe desembolsar más de tres millones de euros. El resto, como en este caso, puede aprobarse por decreto de alcaldía.

Los demandantes han solicitado que "se paralice de forma cautelar e inmediata la ejecución" del convenio, ya que el primer millón de euros debería abonarse antes del verano. Otro interrogante que plantean las cuatro fuerzas en la oposición es qué hará la Guardia Civil con los terrenos. "Es inconcebible que en pleno despliegue de los Mossos cedamos 5.000 metros cuadrados a la Guardia Civil para ampliar instalaciones", apuntó la candidata de ICV-EUiA, Carme García.

Por otra parte, el 11 de junio de 1998, relatan los demandantes, el gobierno municipal, entonces dirigido por Antoni Farrés, firmó un convenio con el director general de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, según el cual el instituto armado devolvía el inmueble del cuartel a la ciudad sin ningún coste el 31 de diciembre de 1999. Un convenio que el mismo Bustos, aseguran, reconoció el 9 de mayo de 2002, al firmar una prórroga.

El concejal de Urbanismo, Joan Carles Sánchez, argumentó que el convenio "no es válido porque, según el ministerio, Valdivielso no tenía competencias para firmarlo". Sánchez, también recordó que "si durante más de 30 años la Administración pública utiliza unos terrenos para un uso determinado, al cabo de este tiempo el terreno pasa a ser propiedad del "Estado".