Atacada con más de 20 artefactos la Subdelegación del Gobierno en Vitoria
La Subdelegación del Gobierno en Vitoria fue atacada en la noche del pasado sábado con una veintena de artefactos incendiarios. La agresión fue perpetrada por una docena de jóvenes encapuchados, según fuentes policiales. El edificio ha sido objeto de numerosos ataques similares en el pasado.
El ataque se produjo alrededor de las 23.30 y afectó a uno de los laterales del edificio, próximo al casco medieval de la ciudad. En la zona se concentraba una gran actividad festiva por la celebración del carnaval, lo que probablemente permitió a los agresores camuflarse entre el público.
El edificio de la Subdelegación del Gobierno alberga, entre otras dependencias, la Jefatura Superior de Policía del País Vasco.
Aunque llovía con intensidad a esas horas, los cócteles mólotov incendiaron varias persianas así como marcos de ventanas, y dejaron ennegrecidos varios tramos de pared.
Este nuevo episodio de kale borroka es de características similares a los últimos ocurridos en Amorebieta, San Sebastián, Getxo y Pamplona. Todos han sido perpetrados en la última semana. Se trata de ataques muy organizados, muy rápidos, protagonizados por grupos amplios de jóvenes. Raramente permanecen más de cinco minutos en el lugar de los hechos.
El Delegado del Gobierno, Paulino Luesma, descalificó cualquier propuesta política, en referencia a la última realizada por Batasuna, mientras quien la formule "se mantiene impasible ante esta violencia injustificable". Ningún proyecto se puede defender, afirmó, "con cócteles molotov, destrucción, utilizando el chantaje, la violencia y la extorsión".
La condena a De Juana
Uno de los magistrados del Tribunal Supremo, que decidió rebajar la pena para el etarra Ignacio de Juana Chaos de más de 12 años a 3 de prisión, Francisco Monterde, reconoció ayer que los integrantes del tribunal eran conscientes de que "costaría entender" su decisión, según manifestó ayer en una entrevista publicada en El Correo.
A juicio de Monterde, se habían creado en la opinión pública "expectativas exageradas que no se correspondían con la realidad", lo que relacionó con los enfoques de algunos medios de comunicación. A los que alentaron esas expectativas les reprochó que hayan contribuido a que la opinión pública esperara "cosas que jurídicamente eran muy improbables".
El magistrado restó importancia a la diferencia de criterio y de casi diez años entre las penas establecidas por la Audiencia Nacional y por el Supremo. Se trata, indicó, de matices "técnicos" provocados por que la Audiencia entendió que De Juana amenazaba a personas concretas, mientras el Supremo estimó que lo hacía a un colectivo.
