El derecho a vivir en el cuerpo pensado

Julio Cuesta nació mujer hace ahora 50 años, en Valencia. Su vida está marcada por la angustia y la desesperación de nacer en un cuerpo equivocado. Una batalla vital que dura ya más de tres décadas. Pero la judicial, que comenzó hace cinco años, confía en que culmine en breve. Su aspiración es conseguir un "derecho" para aquellos que malviven en un cuerpo con el que no se identifican: la inclusión de la operación de reasignación de género en la sanidad pública valenciana. Un "avance" del que Julio ya no podrá disfrutar. Una negligencia médica le provocó una discapacidad del 79% y un precario estado de salud que le impide ser operado. No obstante, Julio confía en que su lucha no haya sido estéril y confía en un mejor futuro para otros transexuales.

Madrid sufragará en breve el tratamiento hormonal y la cirugía de reconstrucción genital

El caso de Julio y de otros muchos ha llevado al PSPV a presentar una proposición no de ley para instar a la Generalitat a que inclya el diagnóstico y tratamiento integral (psicológico, endocrinológico y quirúrgico) entre las prestaciones del sistema público sanitario para las personas transexuales. La Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, sufragará en breve el tratamiento hormonal y las intervenciones quirúrgicas de las personas interesadas en someterse a una operación de reconstrucción genital y se convierte, así, en la segunda región que incluye esta operación dentro de su cartera de servicios. Mientras esto ocurre en una autonomía del mismo signo político que la valenciana, el consejero de Sanidad, Rafael Blasco, citó el 23 de enero a representantes del colectivo Lambda para escuchar sus propuestas. Un encuentro del que sus responsables salieron "relativamente contentos", después de que haya transcurrido más de un año desde que el colectivo reclamara una reunión con Sanidad para plantear sus demandas.

"Creo que influyen las elecciones", apunta el responsable de transexuales de la asociación Lambda de gays y lesbianas de la Comunidad Valenciana, Alex Casanova. Los diferentes estudios apuntan a que la prevalencia de la transexualidad se sitúa entre una de cada 25.000 personas, en el caso de los varones; y de una entre 30.000 o 35.000 personas, en el caso de las mujeres. De extrapolar este indicador al ámbito poblacional de la Comunidad Valenciana, alrededor de 400 personas necesitan ayuda en diferente grado por este motivo. Muchas de ellas han reclamado asesoramiento a esta asociación para conocer cuál es el servicio de la red pública valenciana por lo que respecta al proceso de reasignación de sexo (que puede incluir o no con una cirugía de reconstrucción genital). La respuesta es siempre la misma: la alternativa es un centro privado. Sin embargo, no todo el colectivo puede acceder a una operación por cuestiones de edad o enfermedad. Según datos aportados por la Secretaría de Salud del PSPV-PSOE, su coste oscila entre los 12.000 y 14.000 euros para las mujeres transexuales (varones biológicos) y entre los 14.000 y los 16.000 euros para los hombres transexuales (mujeres biológicas).

La Organización Mundial de la Salud reconoce la transexualidad como un problema de salud sexual. Por ello, el colectivo entiende que la sanidad pública tiene que cuidar a todos los ciudadanos por igual. Con el propósito de plantear unas demandas factibles, Lambda contactó con profesionales de la Sanidad al objeto de elaborar un minucioso informe para conocer la viabilidad de las propuestas planteadas. "Nosotros pasamos al consejero Blasco documentación así como contacto de personal cualificado para que pudieran conocer la situación", comenta Alex Casanova, a su vez coordinador del área de Políticas Transexuales de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays y Transexuales.

Para el colectivo, la financiación del proceso es una cuestión de derechos. "Las personas transexuales no decidimos nacer así. A cada uno le toca el papel que le toca. Nos gustaría nacer con el sexo con el que nos sentimos identificados sin someternos a ninguna operación, pero irremediablemente la solución sólo pasa por este proceso quirúrgico", resume Casanova. Su argumentación es bien sencilla: "Queremos desarrollar nuestra vida con un mínimo de dignidad. Encontrar una coherencia entre nuestro cuerpo y nuestra mente". Así lo entiende también el PSPV-PSOE. Encarna Llinares, responsable de Sanidad: "Es una cuestión de justicia social y de derechos". De no prosperar esta proposición no de ley, los socialistas han incluido la demanda en su programa electoral. A Julio, quien dice haber visto truncado su deseo de cambio de sexo tras una negligencia, le queda un último deseo: que en su DNI figure el nombre de Julio y no el de Julia, pese a no haber culminado el proceso de cambio de sexo. Ésta es otra de las grandes esperanzas de este colectivo.