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Baltar emplea en la Diputación a 300 cargos públicos del PP y familiares

El organismo provincial ha ampliado la plantilla hasta casi 900 trabajadores

El pasado mes de septiembre José Luis Baltar, presidente de la Diputación de Ourense, inició un nuevo proceso de captación y remodelación de personal para la institución, que aún está en marcha. El 'Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de ese mes da cuenta de los nombramientos por parte de la presidencia de 46 plazas de "funcionarización" -ascenso de funcionarios- que "pasaron la correspondiente prueba selectiva", entre los que figura un importante número de afines al PP. La Diputación orensana da trabajo ya a más de 300 personas vinculadas al PP.

En este mes de febrero han comenzado nuevas oposiciones para cubrir otras 96 plazas -15 del cuadro de funcionarios y 32 del laboral- a las que se presenta una larga lista de cargos y parientes del mismo partido. Y eso que el número de afines empleados en la institución provincial supera ya al de la plantilla de funcionarios.

La Diputación tiene 897 empleados, de los cuales sólo 238 son funcionarios (272 son personal laboral y 387 son temporales), lo que da cuenta del modelo de contratación y vuelta al paro que ha instaurado el titular de la institución "con clara estrategia electoralista", apostilla el portavoz socialista, Francisco Rodríguez. La operación es sencilla: "Contrata por tres meses a personas de determinado municipio que le interesan electoralmente; una vez conseguidas esas voluntades, las deja fuera y contrata por otros tres meses a nuevo personal. Así sucesivamente", explica Rodríguez.

Socialistas y nacionalistas llevan más de una década denunciando el "sistema clientelar" del que se sirve Baltar en la institución para hacerse fuerte en lo político. La Justicia les dio la razón en una ocasión, en 1999, obligando a repetir unas oposiciones.

Pasados ocho años, sin el colchón económico de la Xunta, Baltar se pertrecha en su feudo desafiando con la convocatoria de unas nuevas e igualmente polémicas oposiciones cuyos tribunales están integrados, paradójicamente, por algunos de aquellos hijos de dirigentes del PP que aprobaran las pruebas que la Justicia había obligado a repetir por irregulares.

Este nuevo proceso opositor, al que aspiran nuevos dirigentes y familiares del PP, ampliará en un centenar los empleos en la institución.

A primeros de este año entraron ya a trabajar en la Diputación en calidad de funcionarios nuevos amigos del presidente. La lista la integran dos administrativos, entre los que se encuentran Francisco Cougil, el que fuera número dos y brazo derecho de Antonio Troitiño -ex concejal del PSdeG que abandonó el partido y presentó a las pasadas elecciones municipales una lista independiente que frenó el avance de los socialistas en la ciudad- y Pamela Sousa, hija del teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cartelle. Junto a ellos, la número seis en la lista del Partido Popular de Sarreaus obtuvo una plaza de portera.

En lo que respecta a los contratados en los últimos meses, destacan igualmente los relacionados con el PP. Miguel Prado López, hijo del ex delegado provincial de la Consellería de Medio Ambiente, aprobó el primer ejercicio de la convocatoria de técnico auxiliar en Informática. Mientras se prepara para el nuevo examen, ha sido incluido ya en la lista que los populares presentarán a las elecciones en el Ayuntamiento de Toén.

Otros aspirantes a contrato de la Diputación son una concejala del PP en Nogueira de Ramuín, Marta María Pérez Rodríguez, y la concejala en Maside Raquel Casares.

Además de las oposiciones que se están celebrando estos días, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del 28 de septiembre de 2006 da cuenta del proceso de "funcionarización"; esto es, nombramientos de personal ya funcionario para plazas incluidas en la oferta de empleo público del año 2005. En total, 42 funcionarios ascendidos. Entre los afortunados se cuentan la ex nuera del presidente y hasta ahora gerente del Teatro Principal, Olga Mojón, y el director del edificio cultural de la Diputación y jefe de prensa de Baltar, Francisco González, que consiguen sendas plazas de técnico superior en gestión cultural.

Las tres plazas de técnico especialista en gestión tributaria y recaudación se las reparten otro hijo del ex secretario y dos alcaldes del Partido Popular, los de San Amaro, Ernesto Pérez y el de Rubiá, Elías Rodríguez. De las dos plazas de auxiliar de administración general, una corresponde a Darío Sousa Seara, hijo del teniente de alcalde de Cartelle.

Nuevas Generaciones

A estos se suma el representante de Nuevas Generaciones, Carlos Castiñeiras, como técnico especialista en recursos humanos; dos hijos del ex secretario de la Diputación, uno como letrado y el otro como técnico especialista en gestión tributaria (estos comparten empresa con otro hermano y una cuñada).

El portavoz socialista cree que estos son los últimos coletazos de Baltar. "Él es consciente ya de que está en la recta final", señala, "y está agradeciendo los servicios prestados, tirando la casa por la ventana".

El gasto en personal triplica el dinero dedicado a inversiones

La importancia empleadora de la Diputación provincial orensana se hace evidente, a ojos del Partido dos Socialistas de Galicia, haciendo un poco de estadística. La de Ourense, explican, es la diputación de Galicia con mayor plantilla de personal a pesar de que tiene un nivel de endeudamiento que roza el límite legal (se sitúa en 109%, cuando el máximo es del 110%) y lleva a cabo la menor inversión real por habitante.

"Es significativo que para gestionar los 9 millones de euros del presupuesto de este año para inversiones se destinen 26 millones a personal", destaca el portavoz del PSdeG.

El desorbitado número de personas cuyo salario depende de la Diputación (las corporaciones provinciales de A Coruña y Lugo tienen 700 trabajadores, la mayoría funcionarios, y la Pontevedra 605, de lo que sólo 13 son laborales) provoca situaciones "surrealistas, porque muchos trabajadores no tienen mesa, ni tarea encomendada.

La provincia de menor desarrollo industrial de Galicia pone sus ojos en la tabla de salvación laboral en que se ha convertido la Diputación. El control que sobre la institución ejerce el presidente provincial es de tal calibre que, paralelamente al incremento del personal temporal, los sindicatos han desaparecido de escena dejando el camino despejado a una asociación de trabajadores montada por el propio José Luis Baltar -él mismo pidió personalmente la firma a los empleados para constituirla- que desde entonces es dueña y señora de la representación laboral. Desde entonces, no han trascendido reivindicaciones ni conflictos en la institución.

Frente a esta representación, sobrevivía simbólicamente la central UGT con un único representante. Pero en el proceso electoral que ahora se desarrolla -los trabajadores elegirán a los representantes de su nuevo comité de empresa el próximo 2 de marzo- ya sólo será posible votar al sindicato del jefe. UGT ha colgado una nota en el tablón anunciando que sucumbe ante la imposibilidad de encontrar trabajadores para integrar la candidatura. "La Diputación es desde siempre, pero ahora más que nunca, una empresa particular del Partido Popular", sostiene Francisco Rodríguez.

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