El PSE considera que el Ejecutivo debe cambiar siete decretos más que afectan a asesores

El PSE quiere que el Gobierno modifique al menos siete decretos por los que ha aprobado otras tantas relaciones de puestos de trabajo (RPT), para adaptarlos a la sentencia del Tribunal Superior vasco de enero de 2006 sobre personal asesor y eventual. La sentencia daba la razón al sindicato abertzale LAB, que recurrió la relación de puestos que el Gobierno aprobó en un decreto en mayo de 2005.

El Ejecutivo cumplió la sentencia el pasado 16 de enero, un año después de hacerse público el fallo judicial, al aprobar un decreto que sustituía al anulado y modificaba la regulación de los asesores y los puestos de libre designación. Sin embargo, el PSE cree que la sentencia afecta por lo menos a otros siete decretos, que habrían sido aprobados posteriormente sin recoger los requisitos establecidos.

El Superior obliga al Ejecutivo a incluir en las RPT la denominación del puesto, el departamento o centro de destino al que está adscrito, el régimen de dedicación y los requisitos exigidos para su desempeño. Entre estos requisitos "necesariamente" debe figurar el perfil lingüístico y su fecha de exigencia.

Dos meses de plazo

El tribunal exige igualmente que el Gabinete detalle si el puesto de libre designación en cuestión es o no singularizado, estructural, de asesoramiento en políticas sectoriales o en programas de duración determinada, además de sus retribuciones.

En una moción presentada en el Parlamento, el PSE exige al Ejecutivo que concluya la modificación de todas las RPT en el plazo de dos meses a partir de que se apruebe la iniciativa y que, acto seguido, informe a la Cámara sobre su cumplimiento. Los socialistas justifican la una moción por la insatisfacción que generó la respuesta a la interpelación sobre este asunto hecha a la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, y que ésta "despachó el pasado viernes sin aportar ningún dato", criticó la parlamentaria Joana Madrigal.

La representante socialista registró ayer otra moción en la que pide a la vicelehendakari que cumpla las indicaciones del Tribunal Vasco de Cuentas y presente "en el plazo de un mes", si es aprobada la iniciativa, las liquidaciones de los presupuestos correspondientes a los ejercicios que van de 1998 a 2004, ambos inclusive. Zenarruzabeitia señaló el pasado viernes que las liquidaciones ya están elaboradas, pero eludió indicar cuándo van a ser aprobadas por el Consejo de Gobierno y presentadas a la Cámara como proyectos de ley. El Ejecutivo sostiene que, puesto que la legislación que regula los presupuestos no establece un plazo concreto para la presentación de las liquidaciones, no está incumpliendo ninguna norma. Además, aduce que el Parlamento sí puede controlar la ejecución de los presupuestos, aunque sea de una forma diferente a como lo pide el Tribunal de Cuentas y la oposición.