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Móviles y consolas, expulsados de clase

La Comunidad prohibirá el uso del teléfono y difundir agresiones grabadas con el celular

Ni teléfonos móviles, ni consolas ni mp3. Los alumnos de los centros educativos madrileños no podrán utilizar ningún aparato electrónico en clase por imposición del Gobierno regional. El vicepresidente, Ignacio González, anunció ayer que el Ejecutivo aprobará un decreto para imponer un "sistema de corrección de conductas, ágil, inmediato y proporcional a los actos de disciplina". La norma incluirá expulsiones por difundir grabaciones de agresiones y humillaciones a alumnos o trabajadores docentes. Madrid es la primera región que regula el uso de móviles en clase.

El borrador de las normas de convivencia incluye sanciones para las faltas leves (como usar el móvil en clase) que, en caso de ser reiteradas, podrán castigarse con trabajos después de clase o la expulsión hasta seis días. Los mismos castigos se darán si se producen actos graves de indisciplina, faltas de asistencia sin justificar o si el alumno daña las instalaciones. Para las faltas más graves, la tramitación de un expediente que puede implicar varios días de suspensión, el cambio de centro y hasta la expulsión. Estos últimos castigos sólo se producirán si el alumno agrede a profesores, estudiantes o trabajadores.

Con la expulsión o cambio de centro se sancionan también las faltas que lesionan los derechos de las personas, ya sea a su integridad física o su dignidad, así como el acoso y las humillaciones contra alumnos, profesores o personal del centro. En este apartado se incluye además la grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de agresiones.

El consejero de Educación, Luis Peral, explicó que la normativa pretende que los reglamentos de régimen interior de colegios e institutos se modernicen. "El uso del móvil para grabar agresiones es un fenómeno reciente. Para muchos profesores es difícil imponer a los alumnos que lo apaguen", agregó. En otras comunidades, como Castilla y León, no se han planteado prohibir el uso del móvil, algo que, en cualquier caso, está vetado en los reglamentos internos de los centros, según una portavoz de esa comunidad. En Galicia no se han recibido quejas por parte de los colegios, informa Juan Antonio Aunión.

Las directrices internacionales recomiendan que las leyes no interfieran en la gestión de los centros educativos. Finlandia, país de referencia por sus buenos resultados, concede una soberanía casi total a los centros, que apenas tienen unas pocas leyes a partir de las cuales diseñar sus programas.

AFP

LOS PADRES: "No hace falta un decreto"

La presidenta de la Federación de Padres Giner de los Ríos, Mercedes Díaz, criticó que el borrador de las normas de convivencia haya sido elaborado sin consultar a padres, profesores y alumnos. "Los móviles no se pueden usar en clase. No es necesario ningún decreto para darse cuenta de eso", afirmó Díaz.

Desde la Concapa, que aglutina a las asociaciones de padres católicos, su presidente, Eduardo García, explicó a Efe que el régimen sancionador por sí solo no sirve: "Expulsar a alguien para que simplemente esté en casa no soluciona el problema".

LOS PROFESORES: "Vamos a estar más protegidos"

Elena Márquez, portavoz de la Junta de Directores de Colegios Públicos, explicó que los profesores ya prohíben desde hace tiempo que los niños utilicen el móvil en clase, ya que así lo establecen los reglamentos internos. "Pero siempre nos va a beneficiar tener una normativa por encima que nos respalde", señaló.

De la misma opinión es Rosario Barrena, directora del colegio público Méndez Núñez (Hortaleza): "Hay veces que los padres no entienden que el móvil no se puede utilizar en clase. Con el reglamento, los profesores vamos a estar más protegidos".

LOS ESTUDIANTES : "Es un ataque al sector educativo"

Los estudiantes no dudaron en rechazar el borrador de Normas de Convivencia que prepara la Comunidad. Un portavoz del Sindicato de Estudiantes, mayoritario, señaló que "todo esto de los teléfonos y los MP3 hace el juego a la consejería".

Según los estudiantes, "es un ataque a la comunidad educativa, que convierte al director en mercenario al servicio de la administración". El portavoz opinó que, de aprobarse el borrador, el director podría expulsar a un alumno 18 días de forma preventiva. "Se conculca el principio de inocencia de los estudiantes".

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