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Detenidos dos concejales del PP en un pueblo de Pontevedra como sospechosos de cobro de comisiones

Los ediles de Urbanismo y de Cultura fueron sorprendidos cuando recibían el dinero

Efectivos de la Guardia Civil detuvieron ayer a dos concejales del gobierno de Gondomar (Pontevedra), ambos del PP, y a la compañera sentimental de uno de ellos por el presunto cobro de comisiones ilegales por favores urbanísticos. El arresto se produjo por sorpresa en el momento en que efectuaban la transacción ilegal, según fuentes próximas a la investigación. Los ediles son el concejal de Urbanismo, Alejandro Gómez Garrido, y el de Cultura, José Luis Mosquera de Leiro. La detenida es novia de este último.

La Guardia Civil se disponía anoche a detener a un arquitecto que presta habitualmente trabajos para el Ayuntamiento. Gondomar es una localidad turística, de 13.000 habitantes, próxima a Vigo.

La operación se desarrolló por orden de la Fiscalía contra delitos urbanísticos y medioambientales de Vigo. La Guardia Civil seguía desde hacía días los movimientos de los detenidos, y esperó hasta ayer para intervenir mientras efectuaban presuntamente el intercambio económico. "Los cogieron in fraganti, con las manos en la masa", declaró una fuente conocedora de la operación.

Los tres detenidos prestarán declaración en el juzgado número 6 de Vigo, después de pasar por el cuartel del instituto armado en Gondomar. La Guardia Civil los acusa de cohecho.

El alcalde, Carlos Silva, también del Partido Popular, manifestó anoche su sorpresa por estas detenciones. Aseguró que desconocía los detalles de la operación y los motivos por los que fueron arrestados los dos miembros de su equipo de gobierno. Precisamente, a primera hora de la tarde, el regidor municipal se había reunido con el concejal de Urbanismo, ajenos al seguimiento policial del que ambos concejales estaban siendo objeto.

Recalificación de suelo

Hace sólo diez días que fue aprobado inicialmente el plan de urbanismo de la localidad entre fuertes críticas de los grupos de la oposición (socialistas y nacionalistas), que denunciaban, entre otras operaciones, la recalificación de 300.000 metros cuadrados de suelo rústico.

El urbanismo de Gondomar tiene abundantes frentes abiertos. Uno de ellos, un auto del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que confirmaba la anulación del Plan General de Ordenación Municipal aprobado en 1997. Y, como consecuencia de éste, la causa abierta por la concesión de 300 licencias con arreglo a aquel plan con posterioridad a su anulación. La Dirección General de Urbanismo de la Xunta le dio un plazo de un mes al Ayuntamiento para que anulara las licencias, a lo que se opuso el alcalde.

Para amplios sectores de la localidad, el urbanismo está también en el trasfondo de las agresiones físicas sufridas por concejales de la oposición o la quema del coche del portavoz nacionalista en el Ayuntamiento, David Giráldez, y el del representante de la formación nacionalista en la entidad local menor de Morgadáns, Domingos Solla. El ex concejal Manuel Pereiro también denunció haber sufrido una paliza.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 15 de febrero de 2007