Augurios de crisis
Es un hecho que la vida laboral es cada vez más corta y que los asalariados viven cada vez más tiempo de las pensiones acumuladas durante su ciclo laboral. Esta evolución amenaza con estrangular el sistema público de pensiones, articulado en torno a retribuciones de pensiones calculadas según los salarios de los últimos 15 años trabajados, sobre topes máximos de cotización y aumentos salariales crecientemente superiores a los gravados por tales topes. El hoy director de la oficina económica del presidente del Gobierno, David Taguas, y María Jesús Sáez, de la Intervención de la Seguridad Social, hacen una muy seria advertencia en este sentido en un artículo publicado por la Fundación de las Cajas de Ahorros. Si no se aplican reformas, hacia el año 2011 surgirán los primeros síntomas de déficit en las cuentas de las pensiones públicas, que no podrán ser compensados mas allá de una década con el actual fondo de reserva.
La amenaza de ruina de las pensiones ronda a la opinión pública al menos desde mediados de la década de los ochenta. En el último lustro, los peores temores cayeron en olvido debido a la entrada masiva de inmigrantes, rápidamente incorporados a la Tesorería de la Seguridad Social como inyección de dinero fresco para pagar las pensiones actuales. Pero el mecanismo que fatalmente llevará al déficit está en el propio modelo, y la entrada de cotizantes extranjeros sólo retrasa el momento del ajuste, ya que los trabajadores inmigrantes masivamente incorporados hoy reclamarán sus pensiones al final de su vida laboral. Según estos cálculos, hasta el año 2060 entrarían en España más de 14,5 millones de inmigrantes, el número de pensiones por ocupado en esa fecha se duplicará y el gasto en pensiones contributivas pasaría del 7,7% del PIB en 2004 a casi el 18% en 2059.
Es un error grave de perspectiva minimizar el alcance del problema en función de los largos periodos estudiados. Porque cualquier decisión útil para evitar un déficit en 2015 debe adoptarse con años de antelación. Los remedios circunstanciales se conocen. Consisten básicamente en calcular la pensión en función de toda la vida laboral -en lugar de los últimos 15 años que se tienen en cuenta ahora- y en ampliar la edad de jubilación hasta los 70 años.
El tratamiento de choque es duro, requiere el acuerdo de los principales partidos políticos y al menos la no beligerancia de las centrales sindicales. Por tanto, caben pocas esperanzas de que se tomen decisiones firmes antes de que concluya esta legislatura. Pero el problema no se acaba aquí. Si se quiere dotar de estabilidad al sistema más allá de los parches necesarios, pero coyunturales, el Estado y el sistema financiero tienen que impulsar fórmulas para complementar las pensiones de la Seguridad Social, que debería convertirse con el tiempo en un mínimo universal. Es tarea, como se ve, de más de una legislatura, y obligación de cualquier partido que aspire a gobernar.
