Diálogo social, un primer paso

El 27 de junio de 2005 la atención política en Galicia se concentraba en el recuento del voto emigrante en las elecciones autonómicas. Ese mismo día, la Fundación 10 de marzo organizaba un seminario sobre acuerdos autonómicos de competitividad y empleo, que dio lugar a un pequeño libro (disponible en www.galicia.ccoo.es/f10m/arquivos/Cadernos2005.pdf). Los asistentes compartimos diagnóstico y, en buena medida, propuestas. A ello ayudaba, probablemente, una cierta parálisis en la política económica de la Xunta de Galicia durante la cuarta legislatura del Gobierno presidido por Manuel Fraga; y el convencimiento de que la realidad gallega no es exactamente igual a la de otros territorios: si las necesidades no son idénticas, los acuerdos en ámbitos descentralizados son recomendables.

Un año y medio más tarde se ha firmado el Acuerdo por el Empleo entre Gobierno y agentes sociales. ¿Cómo evaluarlo desde el enfoque analítico que proporciona el documento citado? El hecho de haberse sentado a negociar es algo muy positivo. Aunque el proceso ha sido lento y se haya atascado en ocasiones, el acuerdo logrado supone un avance metodológico y sustantivo. Con una estructura territorial policéntrica como la gallega, con una jerarquía urbana difusa y localismos a veces exacerbados, los grandes sindicatos y las organizaciones empresariales, que combinan capilaridad y jerarquía, son un factor muy valioso cuando se trata de negociar y acordar estrategias globales para Galicia: desde las infraestructuras de transporte hasta la política de suelo industrial.

En todo caso, el acuerdo es parcial en el sentido de que sólo atañe a dos de las seis mesas constituidas. Los logros se han producido en las materias más estrechamente vinculadas a la Consellería de Traballo. Por tanto, estamos ante un pacto de estructura compleja débil, según una taxonomía recurrente en la literatura.

Por encima de esta categoría existirían dos niveles. En el más alto figurarían los pactos de estructura compleja fuerte, que integran elementos de política industrial, política territorial, políticas horizontales (energía, medio ambiente), etcétera. Esta es la categoría en la que se sitúa el Accord catalán firmado en 2005 y la que se alcanzaría si las cuatro mesas que continúan abiertas tuviesen también éxito. Dicho de otra manera, lo conseguido hasta ahora será tanto más positivo cuanto más se acentúe su carácter parcial y la voluntad de avanzar en el resto de asuntos, a fin de redefinir el conjunto de políticas públicas autonómicas con incidencia sobre el desarrollo socioeconómico de Galicia.

Sin duda, el que la Confederación Intersindical Gallega (CIG) se haya levantado prematuramente de la mesa es una mala noticia. Su relevancia como actor socioeconómico aconseja que los demás traten de convencerla para que se siente de nuevo. Hay que ver el aspecto positivo de la situación. Creo que la CIG busca mayor rapidez y más ambición del proceso. Y esto puede ser un incentivo más para que el resto de las mesas de negociación no se empantanen, y ya en 2007 veamos un verdadero acuerdo gallego para la competitividad y el empleo.

Por otro lado, hay que tener bien presente la necesidad de articular mecanismos de seguimiento y control de los acuerdos. En el transcurso del seminario antes reseñado, Javier Riera insistió con vehemencia en el riesgo de que los acuerdos acaben convirtiéndose en papel mojado. El análisis de lo ocurrido en el mapa autonómico español muestra que efectivamente este es un problema muy extendido y que hay que hacer todo lo posible para evitarlo.

Finalmente, debe entenderse que este tipo de acuerdos son más que un documento. Son una forma de trabajar, cooperativa y en red, que integra a los agentes socioeconómicos en la propia definición de la política autonómica, y que entiende que el capital social que éstos atesoran debe ponerse al lado del capital productivo privado, de las infraestructuras, del capital humano y del tecnológico para avanzar.