Un proyecto turístico de 7.500 camas
La investigación judicial sobre el proyecto urbanístico de Anfi Tauro en el municipio turístico de Mogán intenta esclarecer si hubo tráfico de influencias y prevaricación en la aprobación de un convenio que permitía a la promotora levantar en esa localidad un complejo hotelero de 7.500 camas, donde podría dormir la mitad de la población censada en ese pueblo.
La presunta ilegalidad de dicho convenio fue denunciada por dos ex concejalas del PP en Mogán: Carmen Delia e Isabel Santiago. La primera, durante su mandato como responsable municipal de Hacienda, descubrió que el promotor de ese ambicioso proyecto hostelero, que incluye dos campos de golf y un centro comercial, había entregado las parcelas pactadas por el convenio en un lugar inservible: en medio de unas autopistas. El alcalde prometió corregir la situación pero sólo recibió para el Ayuntamiento de parte de la promotora otros terrenos inservibles en medio de un campo de golf.
El PP reaccionó a los nuevos datos de la investigación judicial sobre la corrupción en el municipio donde gobierna censurando la actuación de actuación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por filtrar la información sobre el presidente y el consejero de Medio Ambiente.
"El mero hecho de que ya, a estas alturas, no haya ningún tipo de pudor por parte de quien, desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pueda estar filtrando a la opinión pública cuestiones sobre actuaciones que no conocemos del presidente del Gobierno nos parece absolutamente impresentable, lo rechazamos absolutamente y ese rechazo está por encima de cualquier diferencia política que tengamos con la formación o con la persona", declaró ayer el presidente del PP canario José Manuel Soria.
El dirigente popular afirmó: "No podemos admitir que se esté jugando de esa manera poniendo bajo sospecha a instituciones, personas, familias, empresas, funcionarios y trabajadores profesionales".
"Lo rechazamos y creemos que es una grave responsabilidad por parte de quien, teniendo a su cargo la información de ese Tribunal Superior de Justicia de Canarias, no toma la diligencia que debe tomar para que estas filtraciones no se produzcan", aseveró.
