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Indicadores de sostenibilidad

El pasado 18 de enero, la teniente de alcalde Imma Mayol presentó el estado de los indicadores de sostenibilidad de Barcelona. Con ello se sigue una de las directrices definidas en 1992 en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro: elaborar agendas 21 locales y trabajar sobre unos indicadores que sean sintomáticos de la aproximación o el alejamiento a los objetivos de la sostenibilidad. En la primera fase se tomó como modelo la ciudad de Seattle, pionera al disponer en 1994 de los primeros indicadores, y se siguieron directrices iniciales como la Carta de Alborg. En 1995 se creó el Fòrum Cívic Barcelona Sostenible, una iniciativa promovida por la confederación Ecologistas en Acción, la plataforma Barcelona Estalvia Energia y la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, que tras un arduo trabajo interdisciplinar definió unos indicadores cuyos primeros resultados se presentaron en 1998. Seguidamente el Ayuntamiento de Barcelona asumió dicha responsabilidad configurando en 2000 la composición del Consejo Municipal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, que, dividido en grupos de trabajo, fue discutiendo y elaborando unos indicadores oficiales para la ciudad que se presentaron a debate en el año 2001 y quedaron aprobados en 2002 en el Compromís ciutadà per la sostenibilitat dentro de la Agenda 21 de Barcelona. A partir de entonces estos indicadores se han ido actualizando, con la colaboración de la Universidad Politécnica de Cataluña, y se han ido haciendo públicos a través de la página web municipal. En noviembre de 2006 se publicaron por primera vez en papel los resultados de la evolución desde finales de los años noventa hasta 2005.

Estos resultados muestran que la dirección hacia la que se apunta es buena, pero que el ritmo es demasiado lento. La mayoría de los indicadores permanecen estancados, como el de "accesibilidad a espacios públicos y servicios básicos" o "superficie verde por habitante". Otros no despegan como sería deseable: el uso de transporte privado no disminuye y el de transporte público no aumenta. Tampoco mejoran los de emisiones de CO2, que no disminuyen, ni el de "satisfacción ciudadana", que disminuye levemente.

Hay dos indicadores de evolución negativa y preocupante. El de la "calidad del aire", que está excesivamente contaminado, tal como demuestra el aumento de la concentración de dióxido de nitrógeno (NO2). Y, como es obvio, el de "esfuerzo económico de acceso a la vivienda", que sigue aumentando: ha pasado del 47,3% de la renta familiar por habitante en 1999 al 75,4% en 2005. Aumenta también el precio medio del metro cuadrado de la vivienda de alquiler. Esta situación tan negativa tiene una pequeña contrapartida: se incrementa el número de contratos de alquiler, que pasa del 5,9% en 1999 al 11,8% en 2005, y se recupera así una práctica usual hace décadas, adecuada para nuestra modernidad líquida.

Hay indicadores inequívocamente positivos y esperanzadores, en especial la disminución en el "consumo total de agua por habitante", junto al aumento del "consumo público de agua freática". Aumenta, por tanto, la conciencia ecológica entre la ciudadanía, tal como demuestran los indicadores "número de organizaciones con certificado ambiental" o "número de puntos de venta de productos de comercio justo". Otros son positivos, aunque matizables. Aumenta la "recogida selectiva de residuos", que, igual que el ahorro del agua, ha sido incorporada a los hábitos de la gente, pero no despega la recogida selectiva de materia orgánica desde el propio domicilio. Ambos indicadores dependen de otro más determinante: que la "generación de residuos sólidos urbanos" disminuya, cosa que no sucede: se mantiene en 1,52 kilogramos por habitante y día.

Lo mismo ocurre con el indicador levemente positivo de aumento del "consumo de energías renovables", al que ha contribuido la Ordenanza de Energía Solar del año 2000, aunque sólo haya pasado del 0,06% en 1999 al 0,25% en 2004. Lo que no recogen los indicadores es el hecho clave del incremento del consumo de energía final, tal como sucede en toda Cataluña. Este es el problema grave, que pone en cuestión todo el sistema económico y que no parece que aquí haya intención de cambiar. Véase, por ejemplo, la tendencia, tanto administrativa como productiva, en incorporar la climatización artificial a todos edificios o la falta de controles que eviten las pérdidas de frío y calor en las tiendas: un proceso que hipoteca el futuro aunque beneficie momentáneamente a las empresas de climatización. No en vano, el sector inmobiliario está pasando a invertir en empresas de energía. Mal augurio para este futuro control del sector de la electricidad y del petróleo después de cómo el sector de la construcción ha dejado el país.

Ciertamente, los que trabajan en este terreno del medio ambiente han de tener una paciencia inagotable: los avances, que tienen que ver con la evolución del sistema productivo, el uso adecuado de las energías y la transformación de los hábitos, son casi imperceptibles, de una extrema lentitud. Y los indicadores de sostenibilidad sirven para esto, para entrever ciertas tendencias en series estadísticas en el tiempo. Sin embargo, hay problemas globales, como el cambio climático o la inflexión que anuncia el Post Carbon Institute para 2010, cuando el incremento del consumo de energía empiece a colapsarse, que exigen medidas drásticas y urgentes; cambios estructurales que sólo se producirán, entre otros factores, si los medios de comunicación visibilizan los graves problemas medioambientales, si se realizan rápidamente reformas legales y fiscales para impedir los abusos, excesos y contaminaciones que siguen siendo noticia diaria, si se reduce el uso del vehículo privado, si los servicios de medio ambiente de los ayuntamientos y las comunidades no son secundarios, sino centrales, o si, en definitiva, nos convencemos de que no hay otra alternativa que transformar nuestros modos de producción, transporte y consumo.

Josep Maria Montaner es arquitecto y catedrático de la Escuela de Arquitectura de Barcelona (UPC).

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