Agentes bajo sospecha

El gesto de su rostro se acalora defendiéndose. José Luis L. A., piloto de líneas aéreas, ha llorado bastante últimamente. Hace unos días, mientras paseaba por el patio de la prisión de Soto del Real, dos funcionarios se le acercaron: "Ha llegado tu libertad", le anunciaron. Para José Luis, español de 70 años, aquella noticia no fue una sorpresa. La intuía, aunque al oírla apretó los dientes con rabia. "Presentía que sería el Tribunal Supremo el que pondría las cosas en su sitio", cuenta.

Su historia más reciente es la de un hombre vapuleado por la policía y también por los jueces. Y no es para menos: era inocente y a pesar de ello ha pasado los últimos cuatro años de su vida entre rejas.

José Luis L. A. pasó cuatro años en prisión como supuesto jefe de una banda criminal

La nueva sentencia considera que desde la Unidad Antidroga se cometió fraude de ley

Durante este tiempo, lo ha perdido casi todo. Sus abogados, del bufete Quesada y Contreras, repetían una y otra vez a jueces y fiscales que su cliente estaba siendo arrollado injustamente por la maquinaria judicial. Pero, hasta que el asunto llegó a las manos del Supremo, nadie les escuchó.

Antes, en abril de 2006, llegó el mazazo definitivo de la mano de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, que preside Félix Alfonso Guevara: fue condenado a 10 años de cárcel por un delito de tráfico de drogas. La sentencia venía a decir que él y su esposa traían cocaína a España merced a contactos que tenían en Brasil y Venezuela. Y que el 20 de febrero de 2003 fue detenido tras hallar la policía en un coche que él había conducido casi 33 kilos de cocaína. "Según la policía, yo era el jefe de una organización criminal, que es lo que supuestamente habría justificado que el asunto se viera en la Audiencia Nacional, pero resulta que en la sentencia nada de eso se decía", explica José Luis.

En el relato de hechos de aquella sentencia todo tenía un aparente encaje jurídico. Pero el encaje era aparente, como después puso de manifiesto el Supremo en una sentencia del magistrado José Antonio Martín Pallín, que le absuelve tras cuatro años de cautiverio.

Lo cierto es que todo lo que había realizado la policía para llevarle a prisión estaba viciado. Era nulo, según la sentencia del Supremo. Tan nulo que los jueces del Supremo dieron orden de que se liberase al preso antes incluso de redactar la sentencia.

En Derecho, cuando un juez investiga un caso y lo archiva, sólo cabe reabrirlo si hay elementos incriminatorios nuevos y mediante un recurso del fiscal ante la Audiencia de Madrid, no ante la Nacional. A José Luis, el Juzgado 6 de Majadahonda le tuvo el teléfono pinchado durante casi ocho meses. El juez, harto de prorrogar las escuchas sin hallar nada delictivo, decidió archivar su caso el 18 de diciembre de 2002. A juzgar por lo ocurrido, a la policía no le gustó la decisión del juez. Y, por la puerta de atrás, los agentes se inventaron nuevos hechos que supuestamente les habían proporcionado "fuentes propias" y llevaron los mismos hechos, sólo una semana después de ser archivados en Majadahonda, al Juzgado Central 3 de la Audiencia Nacional. A la juez Teresa Palacios la convencieron para volver a pincharle el teléfono.

Estupefactos, los abogados de José Luis reiteraron una y otra vez a la juez que esos hechos ya estaban archivados. Pero la juez hizo oídos sordos y prosiguió la investigación. Meses después, en un coche que había llevado José Luis, la policía dijo haber hallado 33 kilos de cocaína. "Eso es falso, es falso... En ese coche no había droga, o yo ignoraba que hubiese droga". Le detuvieron a él y a su esposa, que también acabó en prisión.

A ella la dejaron salir a los cuatro meses para que atendiese a su hijo. A José Luis le embargaron y bloquearon todas las cuentas y casas. "Compré en 2002 un local por 120.000 euros cerca del puerto de Valencia. Pagué 80.000 y me faltaba por pagar, cuando ingresé en prisión, otros 40.000 en una hipoteca", señala. "Pedí que me permitieran sacar dinero bloqueado para pagar la hipoteca; la juez no quiso y terminaron subastando el local", se lamenta José Luis, que calcula que ha perdido "unos cuatro millones de euros" desde que cayó "injustamente" preso.

Luego, la sentencia condenatoria le dio la razón en el sentido de que sus cuentas no tenían que ver con asuntos de droga: "(...) No consta que constituyan fruto alguno de las ganancias procedentes del tráfico de sustancias estupefacientes". "También he perdido la reserva sobre un avión que compré para venderlo a una persona interesada", se queja. "Habría ganado dos millones en comisiones", cuenta, enfadado.

Llegó al juicio esposado. Nada más empezar la vista, su abogado planteó como "cuestión previa" que se trataba de un asunto ya visto en Majadahonda y que debía anularse todo el procedimiento porque, explicó, estaba contaminado por un vicio inicial. "Aquí nadie se contamina si no es por el aire", le espetó el magistrado Alfonso Guevara, que le condenó a 10 años de cárcel.

El Supremo ha puesto en su sitio las cosas esta semana, cuando ya llevaba preso cuatro años. Reabrir el tema archivado sin haber nuevos elementos incriminatorios, señala el Supremo, es contrario a la Constitución y vulnera el derecho "al juez natural predeterminado por ley". Cuando los agentes acudieron a la juez Teresa Palacios tras el archivo de la causa en Majadahonda, cometieron "un palmario fraude de ley", señala el magistrado Martín Pallín, que anula todo el procedimiento y absuelve a José Luis. Por este motivo, el Supremo ha ordenado que se abran diligencias contra varios "agentes de la Unidad Especial Antidroga de la Brigada de Estupefacientes de la Policía".

El abogado César Quesada estudia ahora adherirse a las acciones judiciales que inicie el fiscal contra los policías. Y tampoco descarta emprender otras contra los juristas y contra el Estado por el daño moral y económico causado a José Luis.

Entre los cometidos de la policía no está "elegir a su capricho al juez competente", dictamina el alto tribunal, que, sin embargo, no ve negligencia en la actuación de los jueces de la Audiencia Nacional. "Yo sabía que sólo el Supremo pondría las cosas en su sitio, porque he leído que revoca el 38% de las sentencias de la Audiencia Nacional y sólo un 3% de las que dictan otros órganos", asevera José Luis. Y añade: "Es curioso: si los ciudadanos cometemos un error, es un delito; pero si lo cometen los jueces, es un error".