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Reportaje:

El urbanismo de El Puerto, en el tribunal

La fiscalía halla indicios de delito en siete actuaciones municipales portuenses

La denuncia del fiscal de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Audiencia de Cádiz, Ángel Núñez, contra actuaciones urbanísticas del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz)culmina un largo proceso que, hasta la fecha, ha supuesto la imputación del ex alcalde Hernán Díaz Cortés (Independientes Portuenses, IP) y del concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez (IP); la retirada puntual de competencias urbanísticas por parte de la Junta, y la pérdida, en las dos últimas décadas, de dos millones de metros cuadrados de suelo forestal.

La acción del fiscal de Cádiz se produce después de que Ecologistas en Acción presentase en la Audiencia una denuncia en la que llegaban a asegurar que las acciones señaladas ponían de manifiesto la existencia de "una trama" participada por el Ayuntamiento y algunas de sus empresas municipales, para el aprovechamiento de los recursos públicos locales.

Núñez explicó que la denuncia había sido "depurada" y reconoció hasta siete supuestos delitos:

- Construcciones en suelo protegido. El informe señala diversos crecimientos en el Pinar del Obispo, una masa forestal de seis hectáreas situada en la zona oeste de la ciudad y que, en la actualidad, está protegida por el PGOU vigente. En su escrito, el fiscal pide que el juzgado investigue si el Ayuntamiento concedió enganches de luz y agua a las viviendas unifamiliares construidas ilegalmente. De ser así, el hecho podría ser constitutivo de un presunto delito de prevariación.

- Edificaciones ilegales en parque público. La fiscalía llama la atención sobre la construcción de una decena de chalés en terrenos, reservados en el Plan de Ordenación Urbana para un parque público y dotaciones deportivas, de la finca Los Desmontados. En este caso, el gobierno local comenzó a imponer multas coercitivas contra los propietarios, una vez que los edificios se encontraban ya habitados.

- Urbanizaciones en Cañadas. El informe concluye que las edificaciones ilegales han usurpado terrenos de vías pecuarias en, al menos, tres casos: la cañada del Verdugo, Villarana y Camino Viejo de Rota. En todos ellos, el Ayuntamiento no había culminado el trámite para el deslinde de las vías pecuarias.

- Uso ilícito del agua de suministro de acuíferos. El fiscal de Medio Ambiente llama la atención sobre dos usos irregulares del agua. Por una parte, pide que se estudie el uso que de un acuífero de la sierra de San Cristóbal, en la zona norte de la ciudad, ha venido realizado en las últimas décadas un parque acuático sin, supuestamente, autorización para ello. Por otro lado, denuncia la creación de un campo de golf en la urbanización privada de Vistahermosa, sin tener permiso de la cuenca hidrográfica para hacer uso del agua de riego.

- Venta de suelo municipal. Núñez recuerda, además. que un informe del Tribunal de Cuentas, que ha fiscalizado la gestión municipal en el periodo 1995 a 2000, deducía "indicios de posibles hechos delictivos" por parte de las empresas municipales Impulsa y Suvipuerto, sociedades para el fomento económico y para la creación de viviendas, en relación a "la falta de destino" de los ingresos obtenidos de la venta de suelo publico municipal. El fiscal concluye que este hecho puede tener "significación penal".

Otros casos abiertos

No son éstos los únicos casos con repercusión judicial. El ex alcalde Hernán Díaz y el concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, se encuentran imputados por la parcelación y construcción de viviendas unifamiliares en Pinar de Coig, una parcela situada en la sierra de San Cristóbal e incluida en la red general de espacios libres de la bahía de Cádiz.

En este caso, los responsables municipales han sido imputados por un supuesto delito contra la ordenación del territorio.

La política urbanística local se ha visto también manchada en los últimos años por la construcción de un complejo turístico en la finca Las Beatillas, que obligó a la Junta a retirar las competencias al Ayuntamiento ante la pasividad municipal en esta iniciativa privada. El expediente está aún pendiente del derribo de lo edificado "ilegalmente", según la Junta.

El constructor José Antonio López Esteras ha recurrido la orden de demolición ante la justicia.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el pasado mes de diciembre, hizo firme una sentencia que obliga al Consistorio a anular las licencias concedidas ilegalmente por IP a la sociedad Golf El Puerto, cuyo representante es el ex consejero de trabajo de la Junta de Andalucía Ramón Marrero. El proyecto promueve un campo de golf de 18 hoyos en la zona oeste del término municipal.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 9 de febrero de 2007

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