El candidato del PSOE recusa al alcalde de La Guardia

El secretario general y candidato del PSOE en La Guardia (Jaén), José María Salas, presentó ayer en el registro del Ayuntamiento un escrito de recusación contra el alcalde, Juan Morillo (PP), al que le pide que se abstenga en cualquier procedimiento abierto contra él. La recusación, que se extiende también al concejal de Urbanismo y al arquitecto municipal, se basa en la "persecución personal" del alcalde para "represaliar y coaccionar" al dirigente socialista, que ayer mismo recibió una inspección de los servicios técnicos municipales para constatar la legalidad de la vivienda construida en el municipio. Los técnicos no pudieron acceder a su interior, pero sí que fotografiaron todo el recinto y advirtieron la existencia de una piscina que, según el alcalde, no figuraba en el proyecto inicial.

El alcalde señaló que la licencia condicionaba el inicio de la obra a la presentación del proyecto de ejecución, el estudio de seguridad y la designación de aparejador. El candidato socialista admite la "errónea conciencia" de creer que estos documentos, visados por el Colegio de Arquitectos desde febrero de 2004, ya estaban en el Ayuntamiento, pero no los entregó hasta el pasado lunes. "He actuado de buena fe", sostiene Salas, que no recibió notificación alguna del Consistorio.

El PSOE cree que esa inspección, "de carácter sumarísimo", constituye "una arbitrariedad" y la relaciona con la denuncia presentada el pasado día 1 de febrero por el PSOE ante la Fiscalía por cinco presuntas irregularidades urbanísticas del equipo de gobierno, del PP. Al hilo de esa denuncia, el alcalde ha dictado un bando en el culpa al candidato socialista de haber denunciado la gasolinera del municipio, que la Comisión de Ordenación del Territorio informó negativamente por haberse construido en suelo no urbanizable.

Salas demandó ayer por escrito la retirada inmediata de este bando "calumnioso" y una rectificación pública del alcalde, a quien acusa de actuar en represalia y de utilizar el poder "como arma arrojadiza" contra el denunciante.