La lucha por el poder de la derecha política

La recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps, que ha sido acordada por el Tribunal Constitucional por una mayoría de seis contra cinco de sus miembros, a petición del Partido Popular, representa la victoria de una estrategia de la derecha política, decidida a usar todas las instancias en su lucha por el poder. Esa ofensiva partidista ya era evidente, desde hace tiempo, en el Consejo General del Poder Judicial, con el consiguiente deterioro de ese órgano. Y ahora se ha extendido de forma dramática al Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución, al lograr el Partido Popular imponer la composición que ha de tener el Pleno de ese Alto Tribunal, a la hora de decidir sobre su recurso contra el nuevo Estatuto de Cataluña.

La ofensiva era evidente en el CGPJ y ahora se ha extendido de forma dramática al Constitucional

Para impedir un probable empate en este asunto entre magistrados de sensibilidad conservadora y progresista y que fuera decisivo el voto de calidad de la presidenta del Tribunal, los seis miembros conservadores han aceptado apartar del caso, mediante una resolución sin precedentes, a un magistrado respetado por su acreditada trayectoria profesional. Pablo Pérez Tremps es, en efecto, uno de los catedráticos de Derecho Constitucional más prestigioso de nuestra Universidad, con una lista abrumadora de investigaciones y publicaciones, centrada en los últimos años en las implicaciones constitucionales del proceso de integración europea, especialmente en sus consecuencias para la organización territorial del Estado. Y precisamente en esa actividad académica se ha buscado la razón para separarle del caso, con el paradójico argumento de que ya había opinado sobre las competencias internacionales de la Generalidad en un trabajo académico (previo a su incorporación al Tribunal Constitucional), que le había encargado y retribuido un instituto de la administración pública catalana, en tiempos del Gobierno de Pujol.

Se trata obviamente de una justificación arbitraria, de un pretexto, porque Pérez Tremps no puede haber perdido su imparcialidad en el recurso planteado por el PP contra el nuevo Estatuto de Cataluña, por razón de un trabajo universitario escrito cuando ni se había empezado a hablar de la reforma del Estatuto ni había ningún anteproyecto de la misma. Ni siquiera puede aceptarse que le falte la apariencia de imparcialidad, porque la imagen pública de esa carencia sólo ha sido deliberada y artificiosamente fabricada por el diario El Mundo y por la Cadena Cope, en una campaña de presión y manipulación, como muchas otras que han protagonizado y a las que sucumben políticos y magistrados con demasiada frecuencia. A mayor abundamiento, se trata de una decisión arbitraria, por incoherente: porque contradice, sin que pueda haber para ello motivación suficiente, otra previa, mediante la que el mismo Tribunal Constitucional había rechazado una recusación idéntica, que el Partido Popular había formulado también contra Pérez Tremps; en esa ocasión, con motivo de su recurso de amparo contra la tramitación parlamentaria del proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña.

En definitiva, un magistrado honorable ha sido apartado injustamente de un asunto fundamental, en medio de presiones políticas y de una campaña prensa difamatoria que finalmente han tenido éxito. Se ha causado así un enorme daño al prestigio del Tribunal Constitucional. A partir de ahora, queda claro que sus miembros están expuestos a ser descalificados por sus trabajos académicos, que deberían ser lógicamente abundantes, al menos en el caso de los magistrados procedentes del mundo docente universitario. Se ha concedido, de este modo, un premio a la agrafía de los magistrados que desmerece a quienes lo han otorgado.

Además, queda la sospecha fundada de que la sentencia que en su día dicte el Alto Tribunal sobre el Estatuto de Cataluña no gozará de la autoridad necesaria para amortiguar la tensión política avivada por las torpezas cometidas en la elaboración de ese Estatuto. Más que nunca haría falta en ese asunto un control de la constitucionalidad llevado a cabo con serenidad, mediante razonamientos jurídicos ampliamente compartidos, para poder legitimar ante la opinión pública catalana una sentencia que puede llegar a apreciar la inconstitucionalidad de algunos de sus preceptos. Pero la recusación de Pérez Tremps hace temer que, en este asunto, el Tribunal Constitucional se dispone a trabajar, a partir de ahora, a golpe de mayoría, con más pasión que sentido de la justicia o de integración de la unidad política.

En este contexto, todas las miradas convergen sobre el magistrado Pérez Tremps. Víctima de una campaña política de la derecha, advierten los analistas que ahora algunos en el Partido Socialista esperan de él que dimita para facilitar la incorporación de otro magistrado, nombrado por el Gobierno, que le sustituya en las deliberaciones sobre el Estatuto de Cataluña. En definitiva, se pretendería volver a sacrificarle en el altar de la política y confirmar de ese modo la infección política del Tribunal Constitucional. Pérez Tremps tiene más que justificadas razones para el hastío de esta situación inadmisible y para poner fin a la misma con una dimisión sonada. Nadie decente podría reprochárselo y desde luego no están legitimados para hacerlo quienes con todo cinismo han presionado para su recusación. Pero muchos agradeceríamos que, haciendo de tripas corazón y mirando con sereno desprecio a los autores y cómplices de su agravio, resista en el puesto para el que fue nombrado y demuestre que el Tribunal Constitucional puede funcionar fuera de una lógica de partido.

Miguel Satrústegui Gil-Delgado es profesor titular de Derecho Constitucional.