El fiscal rebaja a casi la mitad las penas para los 52 imputados en el 'caso Ekin'

Un año y dos meses después del inicio del macrojuicio por el sumario 18/98, conocido como caso Ekin, el fiscal Enrique Molina rebajó ayer a casi la mitad las penas que solicitaba para los 52 acusados que aún continúan en la vista. La reducción se debe, según el fiscal, a una adecuación con los hechos que han podido probarse durante el juicio y también por la aplicación de la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en el caso contra las estructuras juveniles de la izquierda abertzale: Jarrai, Haika y Segi, a las que considera bandas terroristas.

En resumen, el fiscal, que solicitaba un total de casi 1.000 años de prisión, cuando los procesados todavía eran 61, ha pasado a pedir algo menos de 500, en total, ahora que los acusados son 52. Dos fallecieron durante la vista y otros enfermaron gravemente, por lo que el proceso quedó suspendido para ellos.

Ayer, el fiscal únicamente elevó de 16 a 19 años de cárcel la petición de pena para el procesado Isidro Murga. Para los restantes, el fiscal ha rebajado sustancialmente las penas que reclama. Antes, la horquilla iba de los 10 a los 51 años de prisión, mientras que ahora la pena más baja es de cuatro años, y la más elevada, de 19.

Además, Molina ha retirado la acusación contra el abogado Pepe Uruñuela por considerar que no ha cometido delito alguno, extremo en el que también estuvo conforme la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que ejerce la acusación popular. La AVT, según fuentes de la Audiencia Nacional, tenía previsto sumarse a la nueva calificación del fiscal, pero finalmente ha mantenido la primitiva y ha adoptado la nueva como calificación alternativa.

El 'caso Jarrai'

El pasado 19 de enero, el Tribunal Supremo condenó a penas de seis años de prisión a una veintena de militantes de Jarrai, Haika o Segi por considerar que esas organizaciones forman parte de ETA y, por tanto, la militancia en las mismas constituye un delito de pertenencia a banda terrorista.

Aunque por el momento sólo se conoce el fallo y están pendientes de publicación el resto de la sentencia y los votos particulares, la militancia en KAS, Ekin y las otras organizaciones aludidas en el Plan Udaletxe -que describe las relaciones de ETA con las otras organizaciones y que fue incautado al dirigente etarra José María Dorronsoro- debe considerarse también como pertenencia a banda terrorista. Pero el fiscal ha adecuado la pena que solicitaba a la que el Tribunal Supremo ha establecido en la sentencia de Jarrai.

Así, a 25 de los procesados se les solicita ahora nueve años de prisión por delito de integración en banda terrorista, y a otros 15, una pena de 7 años por delito de colaboración con organización terrorista.

El caso más llamativo es la rebaja de 51 años a 13 en la pena solicitada para el principal acusado, Xabier Alegría, considerado el enlace de ETA con las organizaciones y estructuras dependientes de ésta y que figuran en la causa. Estaba acusado de pertenencia a ETA, cuatro delitos contra la Seguridad Social, cuatro contra Hacienda, contabilidad falsa y falsedad documental. Ahora se le imputa la pertenencia a ETA, falsedad continuada de la contabilidad y registros fiscales e insolvencia punible.

Los que se enfrentan ahora a la petición más elevada son José Luis Elkoro y Patxo Murga, para los que el fiscal pide 19 años. Anteriormente solicitaba 48 años de prisión. El fiscal ha rebajado de 19 a 13 años de cárcel para el que fuera máximo responsable de KAS, José Antonio Etxeberria Arbelaitz, y de 15 a 9, para el abogado Txema Matanzas. También solicita 11 años para el ex concejal de HB en San Sebastián Carlos Trenor y el ex parlamentario de HB Pablo Gorostiaga.

A partir de ahora, los acusados podrán ausentarse de las sesiones del juicio, que continuará con los informes de los letrados en las dependencias de la Audiencia Nacional, en la calle Génova de Madrid, en lugar de la Casa de Campo, donde se venía celebrando, ya que el día 15 se iniciará allí la vista del macrojuicio por los atentados del 11-M.