El Gobierno acusa al PP de "apropiación sectaria de los símbolos nacionales"

La utilización del himno y la bandera de España en la manifestación del pasado sábado en Madrid contra la negociación con ETA, convertida en un acto en contra del Gobierno de Zapatero, indignó ayer al Ejecutivo y al PSOE. Acusaron a la dirección del PP, impulsora de la manifestación, de "apropiación sectaria de los símbolos nacionales" y de "vulnerar el espíritu de un decreto de 1997, que dio rango oficial" al uso del himno nacional. El portavoz del PSOE, Diego López Garrido, recordó por "insólito" el uso del "himno de todos" en un "acto partidista, de ataque al Gobierno".

Un decreto del 11 de octubre de 1997, de la primera legislatura del Gobierno de José María Aznar, reguló el uso del himno nacional para actos oficiales. El Ejecutivo de Aznar llegó previamente a un compromiso con los sucesores del autor del himno, Bartolomé Pérez Casas, para que "cedieran con carácter exclusivo" al Estado los derechos de autor, de acuerdo con la Ley del Patrimonio del Estado. Y pagó por tales derechos 130 millones de pesetas (781.000 euros) a los sucesores de Pérez Casas.

El decreto del 11 de octubre de 1997 precisa, en su versión breve, el uso del himno nacional para los siguientes casos: en los actos oficiales a los que asistan el Príncipe o la Princesa de Asturias y los Infantes de España; en los actos oficiales a los que asista el presidente del Gobierno; en los actos deportivos o de cualquier otra naturaleza en los que haya una representación oficial de España y en los demás casos previstos en el Reglamento de Honores Militares.

La utilización del himno nacional está limitada a "momentos representativos de la unidad de España" y "evita usos partidistas", destacó de la lectura del decreto el portavoz del PSOE, Diego López Garrido. Y recordó, a continuación, que la manifestación del sábado en Madrid no sólo no se ajustaba a los límites fijados por el decreto sobre el himno nacional, sino que, además, vulneraba "el espíritu del decreto por cerrar un acto partidista, en el que se atacó la política antiterrorista del Gobierno".

Tanto el Gobierno como el PSOE valoran como "grave" lo sucedido el sábado y lo sitúan en la estrategia de la dirección del PP de "apropiación de los símbolos y las políticas de todos" que, a su juicio, es "propia de posiciones sectarias y regímenes autoritarios". "¿Quién ha utilizado en la historia de España los símbolos nacionales, apropiándoselos, para combatir, en algunas ocasiones, incluso, a la mayoría de la población? ¿Hasta dónde va a llegar Rajoy?", preguntó ayer López Garrido.

"Actos partidistas"

El Gobierno suma ahora la "apropiación" por la dirección del PP del himno nacional a su estrategia de "pretender monopolizar en sus actos partidistas la representación de las víctimas del terrorismo, la política antiterrorista y la bandera nacional".

El Gobierno no duda en calificar la manifestación del sábado en Madrid como "la más sectaria de las que ha organizado el PP contra el Ejecutivo, en la que más se ha insultado al presidente del Ejecutivo, en la marcha y en los discursos, y en la que ha quedado reflejada de modo más claro su estrategia de monopolizar la idea de España". "La actitud del PP en la manifestación; las mentiras, como que el Gobierno está negociando con ETA y los insultos que se dirigieron al presidente del Gobierno, llegándole a comparar con los terroristas, alejan al primer partido de la oposición del consenso en la lucha contra el terrorismo", aseguran fuentes gubernamentales.

El Ejecutivo considera que la dirección del PP -como reflejó la manifestación del sábado, y como en ella declaró su presidente, Mariano Rajoy- pretende imponer "su política antiterrorista al Gobierno y sólo le apoyará si el Ejecutivo acepta lo que dice".

Precisamente, esta posición de salida del PP ataca de lleno al Pacto Antiterrorista, que en diciembre de 2000 suscribieron el PP y PSOE -y que los populares invocan como base unitaria-, ya que, en su primer punto, expresa que al Gobierno le corresponde dirigir la política antiterrorista y compromete además a los dos principales partidos nacionales a no utilizar el terrorismo como arma de confrontación política.

Intentar la unidad

Pese a todo, el Ejecutivo volverá a intentar la unidad con el PP en la lucha contra el terrorismo. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, mantiene su pretensión de convocar esta misma semana a los líderes del PP para celebrar la reunión preparatoria de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiterrorista. "Lo único que pedimos es que nadie imponga condiciones previas para celebrar el encuentro", declaran fuentes gubernamentales.

El Gobierno cree que si en el PP hubiera "voluntad política" se podría restablecer la unidad contra el terrorismo. "Suscribimos el articulado del Pacto Antiterrorista, que invoca el PP, y sus bases, como que la paz no debe tener un precio político; que hay que luchar contra el terrorismo utilizando los instrumentos del Estado de derecho y que con terrorismo, no hay diálogo", insisten fuentes gubernamentales.

El Ejecutivo mantiene, también, que el Pacto Antiterrorista es "perfectamente compatible" con ampliar la unidad contra el terrorismo a otros partidos, como el PNV, básico en la lucha contra el terrorismo en Euskadi. "En 2000 no pudo entrar en el consenso, pero hoy sí se dan las condiciones para que lo haga. Y eso hay que aprovecharlo", añaden las fuentes consultadas.