Representantes de cuatro inmobiliarias declaran ante el juez por las casas ilegales de Catral

Representantes de cuatro empresas del sector inmobiliario declararán hoy en calidad de imputados en relación con la supuesta construcción ilegal de numerosas viviendas en el municipio alicantino de Catral, cuyo alcalde, José Manuel Martínez Leal, también figura como imputado por varios presuntos delitos. Los imputados declararán ante la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Orihuela, que pretende conocer el posible grado de implicación de cuatro empresas -Promociones Leraiz, SL; Contry-House Vega 2000, SL; Megomas, SL, y Proinco Grupo RG 55, SL- en la construcción de viviendas ilegales en Catral.

En concreto, la instrucción judicial se centra en los parajes municipales de El Palomar, Lo Perpén, La Madriguera, El Fondó, Arroba de los Hornos, La Portaleda, Lo Vera y Lo Jerminao, según consta en la providencia de diligencias emitida por el Juzgado. Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular (la Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo, AECU) estiman que "existen indicios suficientes de delito contra la ordenación del territorio, así como de prevaricación", añade el escrito. La Fiscalía entiende que "más de mil viviendas construidas en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2005 se ubican en suelo no urbanizable, sin disponer de las preceptivas licencias o incluso con licencias de obras menores". A raíz de los atestados elaborados por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), el fiscal sostiene que las citadas mercantiles son "constructoras" de esas viviendas. El alcalde de Catral, José Manuel Rodríguez Leal (PSPV-PSOE), declaró el pasado 2 de febrero por estos hechos y, según el abogado de AECU, reconoció la ilegalidad de numerosas viviendas construidas en la localidad.

El inicio de esta investigación judicial tuvo lugar en 2004, cuando unos particulares y AECU presentaron en el juzgado sendas denuncias contra el alcalde y otros miembros del equipo de gobierno por la supuesta comisión de los citados delitos. Además, las denuncias se extendían a dos funcionarios municipales y a una treintena de promotores por la construcción "de unas 1.300 viviendas ilegales". Aunque en octubre de 2006 la magistrada decidió sobreseer la causa abierta por la denuncia de AECU por entender que "no resultaba debidamente justificada la perpetración del delito".