La apuesta medioambiental

En los 25 años transcurridos desde que se promulgó el vigente Estatuto los asuntos relacionados con el medio ambiente y el urbanismo han dejado de tener una consideración de segundo orden para convertirse en una materia mayor. Empujados por una creciente sensibilidad social y por la necesidad de respuesta a los efectos que sobre el territorio y los recursos naturales está causando el desarrollo producido en este tiempo, es notorio que hoy ocupan un lugar preferente en el orden de las agendas políticas.

En consecuencia, es lógico que este salto tenga su reflejo en el nuevo Estatuto que se somete a referéndum el próximo día 18, que consagra el derecho de todos los ciudadanos a vivir en un medio ambiente "equilibrado sostenible y saludable"; y la obligación de protegerlo como uno de los objetivos "básicos" de la comunidad. El Estatuto dedica todo un título, el VII, a fijar las responsabilidades de los poderes públicos en la materia, una de ellas el establecimiento de una fiscalidad ecológica con medidas preventivas, correctoras y compensatorias de los daños que se causen.

El medio ambiente gana categoría de derecho y obligación para los ciudadanos

"El nuevo Estatuto trae cosas muy positivas al dar carta de naturaleza a aspectos que antes no venían con un desarrollo muy afortunado, y al hacerlo convierte ya en una obligación del Parlamento y el Gobierno llevarlo a la práctica con políticas que lo desarrollen", asegura el dirigente de Ecologistas en Acción y asesor urbanístico de la gestora de Marbella, Javier de Luis.

Como reconoce el catedrático de Botánica Baltasar Cabezudo, además del mencionado título, "todo el texto estatutario está repleto de positivas referencias medioambientales". La protección del medio ambiente ya se consideraba un objetivo básico de la comunidad en el Estatuto vigente, pero en el nuevo texto se hace una formulación más profunda. El artículo 10, entre otros objetivos de la comunidad, señala "la mejora de la calidad de vida de los andaluces y andaluzas mediante la protección de la naturaleza y del medio ambiente, la adecuada gestión del agua y la solidaridad interterritorial en su uso y distribución, junto con el desarrollo de los equipamientos sociales, educativos, culturales y sanitarios, así como la dotación de infraestructuras modernas".

En el nuevo texto, el medio ambiente gana categoría de derecho y obligación para los ciudadanos. Así, el artículo 28 establece que "todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable, así como a disfrutar de los recursos naturales, del entorno y del paisaje en condiciones de igualdad, debiendo hacer un uso responsable del mismo para evitar su deterioro y conservarlo para las generaciones futuras, de acuerdo con lo que determinen las leyes". Además, "se garantiza este derecho mediante una adecuada protección de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, el patrimonio natural, el paisaje, el agua, el aire y los recursos naturales".

Uno de los avances más significativos es en la definición de los principios rectores de las políticas públicas, entre los que enumera el respeto al medio ambiente, y "el impulso y desarrollo de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética". Pero además figura también lo que, en opinión del presidente del consejo superior de Colegios de Arquitectos de España, Carlos Hernández-Pezzi, puede considerarse ejemplo del progresismo del nuevo texto: "El uso racional del suelo, adoptando cuantas medidas sean necesarias para evitar la especulación y promoviendo el acceso de los colectivos necesitados a viviendas protegidas".

Hernández-Pezzi considera el nuevo Estatuto "el texto más innovador en materia de sostenibilidad y calidad de vida, para una comunidad en la que hay aún grandes posibilidades de hacer un desarrollo sostenible, con energías renovables y un uso racional de recursos como el agua y el suelo". "Es una base para una política estratégica más coherente que muchas legislaciones estatales", concluye.

En el caso concreto del urbanismo hay un gran avance del actual al nuevo texto. El Estatuto vigente se limita a enumerar, entre las competencias exclusivas de la comunidad, la "política territorial: ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda". De esa declaración de principios, se pasa a una definición mucho más compleja y específica, y se abordan problemas que la experiencia acumulada en estos 25 años ha obligado a tratar, dejando bien sentadas las atribuciones que corresponden a la comunidad autónoma y que en los últimos tiempos se han puesto en entredicho desde algunas posiciones.

Las competencias exclusivas en urbanismo se detallan ahora en el artículo 56 con 10 puntos diferentes, entre los que cabe destacar el tercero. En este punto queda claro que la Administración andaluza es competente en la regulación del régimen urbanístico del suelo; en el planeamiento y gestión urbanística; en la política del suelo y vivienda y en la protección de la legalidad urbanística, "que incluye en todo caso" la inspección urbanística o las órdenes de suspensión de obras y licencias.

El título VII, dedicado monográficamente al medio ambiente, contiene 12 artículos relativos a la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales, la producción y el desarrollo sostenible, los residuos, el desarrollo tecnológico y biotecnológico, la prevención de incendios forestales y la lucha contra la desertificación, la protección ante la contaminación, el desarrollo rural, el uso eficiente del suelo y sistemas integrales de transporte, la utilización racional de los recursos energéticos, la protección de los animales y los incentivos y medidas fiscales.

En ellos se obliga a las administraciones públicas a impulsar medidas de ahorro y eficiencia energética, al desarrollo de energías renovables y limpias, a compatibilizar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente, o a evitar los desequilibrios de población entre distintos territorios.

Baltasar Cabezudo destaca del nuevo Estatuto "la inequívoca apuesta por la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de nuestros recursos naturales y energéticos".