El Ayuntamiento de La Guardia recalificó suelo para 600 viviendas mientras revisaba el PGOU

El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de La Guardia (Jaén, 3.700 habitantes) aprobó dos convenios urbanísticos para la recalificación de 12,6 hectáreas cuando ya se había contratado la revisión del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y apenas unos meses antes de la aprobación del avance. Las dos recalificaciones, que debe autorizar la Junta de Andalucía, van a permitir la construcción de unas 600 viviendas. El PSOE considera que se ha favorecido al empresario Manuel Vega Molinero con el aumento de la edificabilidad, algo que niega el alcalde.

Las dos recalificaciones se incluyen entre las actuaciones urbanísticas que el PSOE ha llevado a la Fiscalía de Jaén por entender que vulneran la ley. Los socialistas consideran "escandalosos" los convenios urbanísticos tanto por el momento de su tramitación -antes de aprobarse el avance del nuevo PGOU- como por las "sospechosas y desproporcionadas condiciones" que contienen. El candidato socialista, José María Salas, subraya el supuesto "trato de favor" hacia el empresario Manuel Vega Molinero, a quien el pleno aprobó el 25 de noviembre de 2005 una recalificación de 35.881 metros cuadrados para construir 245 viviendas en el paraje de Cerro Molina.

Según Salas, la ficha urbanística aprobada por el Ayuntamiento cuadruplica la edificabilidad de la zona y permite una densidad de viviendas equivalente al doble de cualquier sector de desarrollo de la capital jiennense. Salas cree que ese convenio supone un agravio con respecto al otro convenio, aprobado el 27 de octubre de 2005, cuando se recalificaron 90.336 metros cuadrados para construir 350 viviendas en la zona de La Yuca a favor de los empresarios Diego Moreno y Ricardo Nieves. La densidad es de 39 viviendas por hectárea, frente a las 68 que el PSOE estima en el convenio con Vega Molinero. Por estas dos actuaciones, el Ayuntamiento debe ingresar 270.000 euros.

"Son recalificaciones injustificadas que únicamente persiguen favorecer la especulación urbanística", sostiene José María Salas, para quien el Ayuntamiento "antepone el interés de los promotores al interés público, sin importar lo más mínimo el grave problema que tiene el municipio para prestar los servicios mínimos necesarios". Sin embargo, el alcalde de La Guardia, Juan Morillo (PP), asegura que la edificabilidad aplicada fue la misma en los dos convenios -de 0,41 metros cuadrados construidos por metro cuadrado de parcela- y niega cualquier trato de favor hacia Vega Molinero. Morillo añade que se trata de modificaciones puntuales de las Normas Subsidiarias que, en todo caso, deben ser autorizadas en última instancia por la Consejería de Obras Públicas.

El PSOE sospecha que estas recalificaciones pueden estar relacionadas con la donación de 24.000 euros que el empresario Vega Molinero realizó para las fiestas locales en los dos últimos años. Además, José María Salas sostiene que el empresario y el alcalde de La Guardia se reunieron en el Ayuntamiento hasta pasadas las 22.00 del pasado jueves, el día en el que los socialistas presentaron la denuncia ante la Fiscalía.

El beneficio generado por venta de las viviendas asciende, según el PSOE, a unos 70 millones. A esa cantidad hay que unir, según Salas, otros 20 millones derivados de supuestas irregularidades urbanísticas que se han denunciado ante la Fiscalía, como la construcción de 20 apartamentos en un solar donde las Normas Subsidiarias sólo permitían cinco o las 44 viviendas más de las autorizadas en la zona de Entrecaminos.

El alcalde de La Guardia, Juan Morillo (PP), negó cualquier irregularidad urbanística y acusó al candidato socialista y al delegado de Obras Públicas de la Junta en Jaén, Manuel López, de ocupar chalets construidos sin presentar el proyecto básico y el estudio de seguridad. Salas ha remitido a este diario esos documentos ya visados por el Colegio de Arquitectos de Jaén.