La campaña para promocionar el POTA costará 600.000 euros

La Junta de Andalucía contratará una campaña institucional de promoción del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), en vigor desde el pasado 30 de diciembre, por un presupuesto de 600.000 euros. La iniciativa publicitaria tratará de hacer llegar el contenido del plan a toda la comunidad autónoma, para que se conozcan las directrices que recoge en materia urbanística.

Este documento incluye limitaciones al crecimiento urbano, de tal manera que los planes generales de ordenación urbana (PGOU) de los municipios no pueden planificar en ocho años crecimientos superiores al 40% del suelo urbanizable y al 30% de la población. No obstante, deja margen para que los planes de ámbito subregional puedan autorizar excepciones bajo la supervisión del Ejecutivo andaluz.

El vicesecretario de Política Territorial, Urbanismo y Vivienda del PP andaluz, Jaime Raynaud, consideró "sorprendente y sin sentido" que Obras Públicas pretenda promocionar este documento después de haber sido aprobado. Raynaud se preguntó por qué no se contrató la publicidad cuando se encontraba en fase de información pública, "cuando era necesario que se conociera por todos los andaluces durante el proceso de tramitación".

Rechazo al plan

El POTA ha suscitado un rechazo rotundo tanto por parte de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) como de las sectoriales andaluzas de promotores inmobiliarios y constructores, Fadeco-Promotores y Fadeco-Contratistas, que han alertado de los "riesgos" que esta regulación puede suponer para el sector. De hecho, la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial ha encargado un estudio jurídico sobre su contenido como paso previo a la presentación de un recurso contra el documento, que a su juicio "está lleno de errores y de voluntades políticas de última hora".

Los servicios jurídicos del PP andaluz ya han comenzado a estudiar los fundamentos en los que basar su recurso contra el POTA. Para ellos, este documente genera una "enorme inseguridad jurídica" y supone una "clarísima intromisión" en las competencias municipales, con las limitaciones al crecimiento de las ciudades. Además, los populares consideran que el plan "innova determinados reglamentos en los que no está facultado y conculca la propia Ley de Ordenación del Territorio".

La Junta de Andalucía ha defendido que la decisión de no admitir crecimientos urbanísticos que supongan durante ocho años incrementos superiores al 40% en el suelo urbanizable y al 30% en la población persigue "evitar actuaciones contrarias al desarrollo racional en Andalucía" y ha argumentado que estas limitaciones "dejan un margen suficientemente amplio para que el sector de la construcción no sufra ningún deterioro".