El PP rechaza que se equipare un año de convivencia al matrimonio

El Partido Popular presentó ayer en el registro del Parlamento de Galicia una proposición de ley para anular la disposición de la Lei de Dereito Civil de Galicia que equipara en derechos y deberes a las parejas de hecho con un año de convivencia a los matrimonios. La iniciativa del PP pretende la suspensión temporal de ese artículo hasta que se acometa la regulación de las parejas de hecho en una ley específica.

Cuando en junio pasado los tres grupos parlamentarios aprobaron por unanimidad la Lei de Dereito Civil de Galicia introdujeron una disposición adicional que decía lo siguiente: "A los efectos de aplicación de la presente ley se equiparan al matrimonio las relaciones maritales mantenidas con intención o vocación de permanencia, con lo cual se extienden a los miembros de la pareja los derechos y obligaciones que esta ley reconoce a los cónyuges".

Ése es el párrafo cuya aplicación pretende anular la proposición de ley presentada ayer por el ponente del PP en la Lei de Dereito Civil de Galicia, Xesús Palmou. Con un único artículo, la propuesta popular pide la suspensión de la vigencia de la disposición adicional hasta que el Parlamento gallego regule legalmente las parejas de hecho.

La propuesta popular trata de resolver el embrollo jurídico creado por la redacción del texto que los expertos en derecho consultados por este periódico coinciden en señalar como "poco afortunada". El PP quiere hacerlo antes de que se cumpla un año desde la aprobación de la ley y empiecen a proliferar los conflictos legales.

Porque según señala el Decano del Colegio de Abogados de Santiago, Evaristo Nogueira, la norma tal y como está redactada convierte en pareja de hecho con sociedad de bienes gananciales a dos personas que mantengan una relación y compartan piso durante 12 meses. Nogueira lleva meses advirtiendo sobre los problemas que la ley puede ocasionar en el caso de muerte de uno de los dos cónyuges con las herencias.

Puede, por ejemplo, darse el caso de que alguna persona acumule sociedades gananciales con parejas distintas, si ha estado casada sin realizar los trámites de separación y se va a vivir con otra persona diferente durante un año.

Desde que la ley fue aprobada las consultas se han disparado en las notarías gallegas, cuyos titulares también han insistido a los legisladores sobre la problemática que se avecina a partir de junio, cuando se cumpla el plazo de un año desde la aprobación en el Parlamento, si no se retira antes la polémica disposición. Temen que lo que antes eran simples rupturas de pareja se compliquen ahora con reclamaciones legales acerca de los bienes adquiridos durante el año de convivencia. O que proliferen los conflictos por herencias.

El diputado Xesús Palmou explicó en su día que el voto afirmativo de su partido a la ley estaba condicionado al compromiso del resto de grupos parlamentarios de acometer una regulación de las parejas de hecho, que no ha sido abordada.

En la retirada de esa disposición influyó también la insistencia de la catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Santiago, Mari Paz Rubio, quien siempre se ha mostrado muy crítica con el texto aprobado en la Cámara autónoma.

La jurista censuró que el legislador decidiese amparar casi cualquier medio de prueba para acreditar la relación, tal y como demuestra el segundo párrafo de la disposición: "Tendrá la consideración de relación marital análoga al matrimonio la formada por dos personas que lleven conviviendo al menos un año pudiéndose acreditar tal circunstancia por medio de la inscripción en el registro, manifestación expresa mediante acta de notoriedad o cualquier otro medio admisible en derecho. En caso de tener hijos en común será suficiente con acreditar la convivencia". El PP defiende la aprobación de un texto que defina los requisitos para que dos personas se conviertan en parejas de hecho y entonces sí equipararlo a los matrimonios.