Sicarios y pirómanos

Querían cometer un doble crimen perfecto para cobrar la deuda de un alijo de cocaína. Una pistola y varios bidones de gasolina fueron suficientes para urdir el ajuste de cuentas que costó la vida a los primos Ricardo y José Angel Feijoo, en diciembre de 2005. Pero la vena incendiaria de los presuntos asesinos, en su afán por eliminar las huellas del delito, y centenares de llamadas registradas en sus teléfonos acabaron con su plan.

La Guardia Civil había encontrado un nexo de los crímenes en el incendio de una nave industrial en Catoira, la víspera de que los cuerpos de las víctimas aparecieran calcinados. Ahora, la investigación judicial, que durante un año se llevó bajo un estricto secreto, considera estos hechos como una prueba indiciaria más contra los siete implicados y una secuencia de los asesinatos que se prepararon el 29 de noviembre de 2005, en una reunión que celebraron en Cambados los sicarios de los narcotraficantes que decidieron el ajuste de cuentas.

En presencia del menor, la suben al dormitorio, la tiran al suelo, le atan las manos a la espalda y la amenazan: "Si dices algo, le mataremos"

La Guardia Civil continúa la investigación para intentar llegar hasta la organización de narcotraficantes que ordenó la matanza

El cabecilla de la banda, José Manuel González Lacunza, un empresario hostelero vasco de 44 años, reunió a Javier González Rodríguez, de Cambados, a Patrice Pierre Muñoz y a Yohan Piedagnel, naturales de Hendaya, y a otros dos individuos de nacionalidad brasileña, Wesley Teodoro dos Santos y Alexandre Caravalho de Sousa, para participar en los crímenes.

Un día antes, Lacunza se puso en contacto con José Manuel Lata, otro empresario de A Coruña al que le encarga que consiga un coche "para hacer un trabajo" con el que no le puedan relacionar posteriormente. En la empresa coruñesa Don Rent, Lata alquila un Seat Ibiza y, para intantar fabricarse una coartada, le comenta a el empleado que lo atiende que necesita el vehículo "para pasear a unos turistas".

En la madrugada del 1 de diciembre los siete presuntos cómplices se dirigen al polígono Mirador da Ría, en el municipio pontevedrés de Catoira, y prenden fuego a la nave propiedad de la empresa Investimentos Rías Baixas, un local que utilizaban Ricardo Feijoo y su socio Felipe Morgade Portas para reparar embarcaciones. Dentro se encontró lo que quedaba de una potente planeadora de seis motores, prototipo de las que utilizan los narcotraficantes para el transporte de estupefacientes en la ría de Arousa.

El incendio parecía ser una llamada de atención para que las dos futuras víctimas accedieran al pago de una deuda contraída por un alijo de cocaína, pero ya no hubo segundo aviso. Hacía las cinco de la tarde del día siguiente, el grupo de sicarios se divide para perpetrar los crímenes. En un BMW, unos recogen a José Angel Feijoo Abal, mientras José Manuel Lacunza y Yohan Piedagnel se dirigen a la casa de Ricardo Feijoo, en Barrantes, Ribadumia.

De camino, el Seat Ibiza hace una parada en la estación de servicio de Cabana, Cambados, donde Yohan Piedagnel baja del coche para comprar dos euros de gasolina con la que, según el plan previsto, quemarían los cuerpos de los presuntos narcos para no dejar huellas del asesinato.

Se supone que Ricardo Feijoo, de apenas 30 años, sabía que iban a por él y por eso se había parapetado en la casa. Pero Lacunza y Piedagnel lograron entrar por la puerta del garaje, activando las alarmas. Aun así, se toman su tiempo para encerrar a Ricardo en su dormitorio.

Una vez amordazado, consiguen localizar la caja fuerte que se ocultaba debajo de la bañera de la que sustraen más de 3.000 euros. Cuando todavía sonaban las alarmas, aparece en la casa la mujer de Feijoo, María Dolores Fernández con su hijo de 10 años. En presencia del menor, la suben al dormitorio, la tiran al suelo, le atan las manos a la espalda y la amenazan: "Si dices algo, le mataremos". Al día siguiente, la esposa presentó denuncia por los hechos, pero no fue capaz de identificar ante los agentes a los dos secuestradores.

A continuación, los dos sicarios se dirigen con el secuestrado a bordo a Castrelo, una parroquia situada entre Cambados y Meaño donde, en un molino abandonado, les esperaban el resto de los cómplices, que ya habían amordazado y maniatado a José Angel. No se sabe todavía quién empuñó el arma ni quién roció de gasolina después los cadáveres. Los cuerpos semicalcinados presentaban sendos disparos en la cabeza.

Al día siguiente dio la voz de alarma un vecino cuando descubrió un Volkswagen Golf completamente quemado, a pocos metros del escenario del doble crimen. En una primera inspección del lugar, la Guardia Civil descubrió los cuerpos y pudo identificar el coche de Ricardo Feijoo porque una de las placas quedó sólo parcialmente quemada.

Unas horas antes, la policía portuguesa localizó en Valença do Minho el Seat Ibiza alquilado, después de haber sido preso de las llamas, mientras Lata Couceiro, el sicario que lo había contratado, ya había comunicado su desaparición a la empresa de alquiler.

Precisamente fue el Seat Ibiza el desencadenante de la detención de José Manuel Lata y la posible relación de éste con los asesinatos, con el incendio de la nave de Catoira y la denuncia que presenta la mujer de Ricardo Feijoo el hilo que llevó al resto de la banda.

Pero tuvieron que pasar varios meses hasta que los investigadores de la Guardia Civil consiguieron poner nombre a los presuntos asesinos y reconstruir los móviles del ajuste de cuentas.

La excarcelación de Lata Couceiro fue decisiva. De hecho, fue José Manuel Lacunza el que entregó 18.000 euros a su hijo, Oscar Lata Pérez, para pagar su fianza. Nada más salir de la cárcel ambos contactan por el móvil y Lata le dice a Lacunza: "Tranquilo, no conté nada, puedes fiarte al ciento por ciento". Sin embargo, Lata Couceiro reconoció en los interrogatorios a Lacunza, admitió que estaba al corriente de los hechos y que podía tratase de un ajuste de cuentas. Entre el 1 al 3 de diciembre ambos se comunicaron en más de 20 ocasiones, según el listado de las compañías operadores de móviles.

La jueza de Cambados ha cursado orden internacional de detención contra el cambadés Javier González Rodríguez, con antecedentes por narcotráfico, y los dos ciudadanos brasileños que podrían haber huido a Portugal. Todos están procesados y la juez mantiene prisión incondicional, porque las acusaciones, relacionadas con el tráfico de drogas, son suficientemente graves como para que los acusados, que cuentan con dinero y medios, pudieran darse a la fuga.

En el caso de José Manuel Lacunza, quien supuestamente planeó los asesinatos, la magistrada cree que maneja grandes sumas de dinero. La defensa de Lacunza la ejerce el conocido abogado madrileño Sanz de Bremond, que ha defendido a miembros del clan de Los Charlines.

La Guardia Civil aún no da por cerrada la investigación para poder llegar a la organización de narcotraficantes y poner nombre al implacable padrino que ordenó la matanza.