Los zaplanistas obligan a Medina a aplazar el plan de la costa de Orihuela

La división del grupo popular del Ayuntamiento de Orihuela ha vuelto a aflorar, con el urbanismo en el epicentro de la discrepancia. La anunciada ausencia en el pleno de hoy de tres concejales del sector zaplanista, que lidera la diputada autonómica Mónica Lorente, ha obligado al alcalde, José Manuel Medina, del sector campista, a aplazar la sesión para adjudicar un programa de actuación integrada (PAI) de 1.700 casas en la costa a un promotor afín al PP. La ausencia de los tres concejales forzaba al regidor a hacer valer su voto de calidad para aprobar el plan.

Es la cuarta crisis del grupo municipal desde que el alcalde perdió el control del PP local

El proyecto urbanístico lo impulsa un promotor afín al PP y prevé 1.700 casas

La adjudicación del PAI de la Cala de la Mosca, último tramo del litoral oriolano a salvo de las edificaciones, ha motivado la cuarta crisis de envergadura en el seno del grupo popular desde julio de 2005, cuando la portavoz del grupo y diputada autonómica, Mónica Lorente, desbancó de la presidencia local del PP al alcalde, José Manuel Medina. El programa urbanístico prevé construir 1.700 nuevas casas y un puerto deportivo, proyecto pendiente de autorización por parte de la Dirección General de Costas. El programa lo impulsa el contratista Esteban Gomendio, miembro del consejo de la TV local Canal 34, afín a los postulados políticos del PP. El promotor también es socio del empresario Joaquín Grau Pomares, dueño del chalé y del Rolls que usa el alcalde Medina.

El programa urbanístico fue aprobado el viernes por la Comisión Informativa de Urbanismo con el voto en contra de los tres grupos de la oposición. Los portavoces de los tres grupos anunciaron, además, que denunciarán el PAI ante la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, por su negativo impacto ambiental y la afinidad con el PP del promotor beneficiado con la adjudicación.

El primer edil había convocado el pleno para su ratificación para hoy, martes. Sin embargo, el alcalde desconvocó ayer la sesión ante la anunciada inasistencia de tres concejales zaplanistas (Maite Valero, José Antonio Aniorte y Antonio Rodríguez Barbera). Los ediles alegaron motivos de "salud" para no acudir al pleno.

La ausencia de esos tres concejales hubiera provocado un empate a 11 votos entre el equipo de gobierno y la oposición, extremo que obligaría al alcalde a hacer valer su voto de calidad para sacar adelante la propuesta.

Fuentes municipales aseguran que la necesidad de recurrir al voto de calidad ha sido la razón que ha llevado a Medina a aplazar la sesión plenaria. No obstante, el regidor negó esa hipótesis. "He suspendido el pleno porque se han puesto enfermos varios concejales. ¿Cuántos? No sé. Tres o cuatro", dijo. El regidor defendió la legalidad del plan y su intención de llevarlo al pleno la próxima semana para su aprobación. "Este plan, al igual que todos los que han venido al pleno, es legal", añadió el alcalde. La portavoz del Grupo Popular, Mónica Lorente, aseguró que "oficialmente" desconocía la desconvocatoria del pleno, y precisó que su agenda parlamentaria le impediría acudir a la sesión de hoy.

Mientras, para la oposición el aplazamiento del pleno para la aprobación del PAI evidencia la crisis interna de los populares oriolanos y el intento de los zaplanistas de demarcarse de Medina con vistas a las elecciones del próximo mes de mayo. "Es improcedente desconvocar un pleno por un solo punto, el que preocupa a Medina. Lo que me hace pensar que en la adjudicación de ese PAI puede haber responsabilidad penal", dijo el concejal Francisco García Ortuño. "No es razón suficiente para desconvocar un pleno que tres concejales estén enfermos, con lo cual tengo que pensar que el motivo es la división interna del PP", aseguró por su parte el concejal de Los Verdes, Monserrate Guillén.

En el último año y medio los intereses de los dos sectores han chocado varias veces de manera explícita primero con motivo de la aprobación de un PAI en suelo parcialmente protegido, en septiembre de 2005. En esa ocasión, el alcalde se quedó en minoría, aunque sacó adelante la propuesta merced al apoyo de los ediles del Centro Liberal y del ex concejal Isidro Hernández, elegido en la lista del PSPV, aunque militante del PP desde 1990.

El segundo cisma entre zaplanistas y campistas en el Consistorio oriolano se produjo a raíz de la frustrada renovación de la contrata de basura. El alcalde era partidario de adjudicar el servicio a la firma Urbaser, mientras el grupo de Lorente apostaba por la alternativa del industrial local Ángel Fenoll. El proceso de adjudicación estuvo, además, mediatizado por un supuesto intento de soborno de uno de las empresas aspirantes, en concreto la firma Urbaser, a cuatro ediles de la Corporación, entre ellos el alcalde. El supuesto soborno fue desvelado por el portavoz del grupo Centro Liberal, Jesús Ferrández, al empresario Fenoll. El caso es objeto de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción. Al trascender a la opinión pública el asunto, el alcalde aparcó la contrata.

El último punto de fricción entre los dos colectivos surgió el pasado verano con motivo de la aprobación del presupuesto municipal.