Cuatro altos magistrados dicen que ninguna autoridad tiene impunidad penal

Los magistrados de mayor relevancia del País Vasco, tras el presidente del Tribunal Superior, han suscrito un artículo en el que subrayan que "ninguna autoridad de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial goza en España de impunidad penal". Este pronunciamiento, titulado "Más allá de la justicia no habita la democracia", se produce en puertas de las movilizaciones convocadas por el Gobierno vasco y los partidos que lo componen para arropar al lehendakari Ibarretxe, que debe declarar como imputado el día 31 ante el instructor del caso abierto por la entrevista que mantuvo el 19 de abril con dirigentes de Batasuna.

Aunque en el artículo remitido ayer a varios medios informativos no se hace ninguna referencia expresa al motivo que lo provoca, las críticas y descalificaciones al Tribunal Superior por imputar al lehendakari están presentes en los argumentos del texto. Lo firman los presidentes de las audiencias provinciales de Bilbao, Ana Belén Iracheta, de Guipúzcoa, María Victoria Cinto, y de Álava, Iñigo Madaria, y el de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra.

"La democracia contemporánea", afirman, "se funda en el gobierno por las leyes y no por la voluntad de las personas; y se construye en torno a la sujeción de los ciudadanos y los poderes públicos al Ordenamiento Jurídico". En este sentido, recuerdan que, aunque el Código Penal, exime de responsabilidad criminal a la autoridad que obra en el "ejercicio legítimo de su cargo", es al juez, "y no a la autoridad querellada", a quien corresponde apreciarlo. Y aludiendo a las concentraciones convocadas en apoyo a Ibarretxe indican que, "por mucho que una mayoría de ciudadanos llegara a apoyar la actuación de la autoridad", frente a la querella de una "solitaria persona", el caso sólo puede dirimirse "en el ámbito del proceso penal".

Los magistrados subrayan como una gran avance democrático el principio de igualdad jurídica y sostienen que ninguna autoridad puede "sentirse humillada ni menospreciada cuando es citada ante un juez instructor para declarar sobre hechos cometidos en el ejercicio de su cargo". Por ello, consideran equivocado pretender "blindar" sus actuaciones de la acción de la justicia, porque más allá de ella, concluyen, "no habita la democracia".