Normalización institucional

ETA está ganando de largo la batalla política que nadie quiere afrontar, el ensimismamiento del Gobierno, su falta de iniciativa política, está provocando lo que parece un enfrentamiento directo de la organización terrorista con el poder judicial a través de las sentencias que se dictan prácticamente ad personam, y que no sirven como criterios generales de aplicación.

No todos los ciudadanos compartimos la "doctrina Parot", el criterio del Tribunal Supremo, de febrero de 2006, que obliga a aplicar la redención de penas por el trabajo a cada condena sucesivamente y no al triple de la mayor, como había sido hasta entonces. Tampoco compartimos en su momento la condena de la Audiencia Nacional por amenazas inciertas, que "victimizaba" innecesariamente a uno de los etarras más significados, y de la cual ahora no ha podido desdecirse el mismo órgano judicial. Tampoco resulta demasiado acertada la recientísima sentencia del TS en la que se declara como terroristas a algunas asociaciones no armadas y condena como tales a sus responsables.

Cuando la negociación, a pesar del mandato parlamentario, ha fallado, es necesario que el Estado mantenga vigentes todas las estructuras de toma de decisiones administrativas, sin necesidad de acudir a medidas excepcionales, judiciales o de cualquier tipo. En este sentido, la Ley y el Reglamento penitenciarios siguen siendo herramientas utilísimas para propiciar la reincorporación ordenada y efectiva de todos los internos, terroristas o no, a la vida cotidiana, después de cumplir su condena. Pero parecen olvidados, esperando soluciones mágicas que procedan de otros lugares, a lo peor menos propicios que la Institución Penitenciaria. Por justicia y equidad para los "otros" condenados, el tratamiento penitenciario individualizado debería ser el único criterio de acercamiento de cualquier condenado a su entorno social, sea cual sea su delito.