Garzón afirma que no se ha probado que la izquierda 'abertzale' forme parte de ETA

El juez Baltasar Garzón, siguiendo el criterio de la fiscalía, hizo público ayer un auto por el que rechazó citar a Arnaldo Otegi y a otros 11 dirigentes de la izquierda abertzale por los delitos de desobediencia a la autoridad judicial y quebrantamiento de medida cautelar, tal y como solicitaban la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Dignidad y Justicia y el Foro Ermua. Garzón destaca en su auto que él imputa hechos concretos y que no criminaliza a la izquierda abertzale, de la que dijo que no se ha acreditado, ni hay indicios de que forme parte de ETA, como ocurre con Batasuna, Gestoras o Segi.

El magistrado vuelve a repetir lo que ya dijo en agosto de 2002 y confirmó su sustituto Fernando Grande-Marlaska en enero de 2006, que en el sumario "se imputan hechos concretos basados en indicios racionales de responsabilidad penal que acreditan la posible comisión de los hechos y delito (integración en organización terrorista) recogidos en los autos".

"Consecuentemente", añade el juez, "no se criminaliza a la denominada izquierda abertzale u otras organizaciones que se muevan en el mismo ámbito ideológico de aquella, ya que como movimiento u organización política tiene todo el derecho a manifestarse, desarrollarse o actuar en el marco político del Estado, con tal de que cumplan los requisitos que la Constitución y las leyes exigen para las demás formaciones politicas".

Para el magistrado, la adscripción de la izquierda abertzale a ETA, "ni está acreditado ni se desprende de los hechos, y ello al margen de la coincidencia eventual de personas". Garzón llega a decir incluso que existen indicios en contra de que la izquierda abertzale esté al servicio de la estrategia de ETA, en clara referencia a algunas manifestaciones de responsables políticos, como Rafael Díez Usabiaga, del sindicato LAB, que esta semana hizo un llamamiento a ETA advirtiendo de que con violencia no hay proceso de paz.

La izquierda abertzale está fuera de la causa, dice Garzón, salvo que se acredite que Batasuna lo ha instrumentalizado para sus propios fines.

El auto precisa que el citado movimiento "no tiene suspendidas ad cautelam ninguna de sus actividades salvo que actuara encubriendo a otros organismos o grupos. Por tanto, deberá demostrarse que su dirección actual está en manos de ETA, sin que sea suficiente la afirmación retórica de que son los mismos miembros de Batasuna los que ahora asumen la dirección, porque, aunque así fuera, debería demostrarse la sumisión, vinculación e integración actual de la izquierda abertzale en la estructura de ETA, y, esto no está ni acreditado ni probado indiciariamente".

Criminalizar al citado movimiento afirmando que es Batasuna y ETA, según el juez, "es una reducción simplista, no ajustada a la realidad" y además sin que haya pruebas de ello en la causa, lo que, a su juicio, "contradice abiertamente el artículo 24.2 de la Constitución [que recoge el derecho a la presunción de inocencia]". Sólo si se aportaran pruebas de la integración de toda la izquierda abertzale en la estructura terrorista -como los papeles del Proyecto Udaletxe acreditaban respecto de Batasuna, Gestoras y Jarrai-Haika-Segi- podrían adoptarse medidas restrictivas, como se hizo con Batasuna.

Garzón agrega que "cualquier imputado, llámese Otegi, Barrena o Permach, o cualquier otro, que lo esté en este procedimiento, puede participar en cualquier acto con tal de que el acto no esté auspiciado o convocado, directa o indirectamente, por alguna de las organizaciones suspendidas o declaradas ilícitas, o aquellos no actúen en nombre o representación de éstas".

El juez precisamente requiere a todos los imputados para que se abstengan de realizar "cualquier comparecencia en nombre o representación de Batasuna", porque constituiría delito de desobediencia. En cualquier caso, el juez descarta modificar las medidas restrictivas de libertad de Otegi y los otros 11 imputados, pero les advierte de que la reiteración de conducta delictiva podría suponer el ingreso en prisión. Los dirigentes abertzales advertidos son, además de Otegi, Permach y Barrena, Jone Goiricelaia, Xabier Larralde, Joana Regueiro, Imanol Iparragirre, Karmelo Landa, Marije Fullaondo, Ibon Arbulu, Itziar Lopetegi y Mikel Etxaburu.