Las ruinas de la OPA

Sólo un gran alivio puede producir el que las OPA de Gas Natural y la alemana E.ON por la compañía eléctrica española Endesa se desembaracen de los procedimientos judiciales en los que quedaron atascadas por maniobras tácticas de Endesa. La decisión del Supremo de levantar la suspensión cautelar que pesaba sobre la oferta de Gas Natural deja el camino casi expedito para que ambas empresas presenten sus ofertas finales y empiecen a funcionar los mecanismos financieros y societarios para que los accionistas decidan cuál de las dos se queda con Endesa. A finales de marzo se habrá terminado este delirante episodio de la historia financiera española contemporánea; siempre con la reserva del fleco que es la denuncia instada por Gas Natural por trato privilegiado de información a E.ON por parte de los responsables de Endesa.

El alivio judicial no compensa ni de lejos los destrozos causados en la credibilidad del funcionamiento de los mercados. Un primer afectado es el Gobierno, que se equivocó en casi todas sus tácticas para oponerse a la entrada de E.ON, y que ha sido denunciado por la Comisión Europea ante el Tribunal de Luxemburgo. Baste recordar la torpe reacción inicial de Zapatero oponiéndose a la oferta alemana y la chapucera utilización de la Comisión de la Energía como freno a una operación de mercado. Gas Natural tampoco sale bien librada. Le han faltado pulso, convicción en su oferta, un rostro que defendiera sus posiciones y talento para persuadir a los accionistas y a la opinión pública de que, a diferencia de E.ON, disponían de un plan empresarial, industrial y financiero para Endesa.

En este recuento de daños, el mayor hay que buscarlo en el boquete abierto en las redes que relacionan la responsabilidad societaria con la transparencia del mercado. Desde un primer momento, Endesa reaccionó con hostilidad a la oferta de Gas Natural, por razones políticas, personales y laborales. Sus ejecutivos llevaron la OPA a las trincheras de los tribunales y favorecieron la intervención de un nuevo comprador. Si algo ha demostrado este caso es que la legislación española o bien carece de una norma efectiva para imponer el llamado deber de pasividad, esa regla de oro de los mercados democráticos que impide que los directivos de una compañía se erijan en propietarios y adopten decisiones que sólo competen a la propiedad, o bien la CNMV ha sido incapaz de aplicarla.