El alcalde de Pego dice que el pueblo no podrá asumir la indemnización

El Ayuntamiento de Pego no puede hacer frente al pago de la indemnización de 1,2 millones de euros que la Audiencia de Alicante ha fijado por los daños causados en el marjal de Pego-Oliva durante los años 1996 y 1998, bajo el gobierno del ex alcalde Carlos Pascual y el ex concejal de Agricultura y presidente de la Comunidad de Regantes de los Arrozales de Pego, José Orihuel. La sala tercera de la Audiencia Provincial de Alicante dictó el miércoles una providencia en la que pide que se ejecute la sentencia, ratificada por el Tribunal Supremo, que condena a Pascual y Orihuel a 6 y 3 años de prisión respectivamente por un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales del humedal, declarado parque natural. El tribunal requiere también a los condenados que abonen a la Generalitat valenciana la indemnización que en su día estableció por las transformaciones que ocasionaron en el marjal. Si demuestran su insolvencia económica, serán el Ayuntamiento de Pego y la Comunidad de Regantes los responsables civiles subsidiarios del pago de la multa millonaria.

El alcalde de Pego, el popular Carmelo Ortolà, advirtió ayer de que el municipio "no puede hacer frente" al pago de la indemnización, ya que "supondría entre el 12% y el 13% del presupuesto municipal". El pleno municipal aprobó precisamente ayer los presupuestos para el ejercicio de 2007, que ascienden a 10.148.000 euros. En el caso, todavía hipotético hasta que la sentencia sea firme, de que el ayuntamiento sea condenado a pagar la multa millonaria "no podríamos asumir un pago único", dijo Ortolà. El municipio plantearía entonces a la Generalitat la posibilidad de "pagos fraccionados" o "inversiones en el marjal".

La providencia dictada el miércoles por la Audiencia de Alicante no supondrá el ingreso inmediato de los dos condenados en prisión, aunque Pascual y Orihuel ya figuran en el Registro Central de Penados y Rebeldes. El tribunal ha trasladado a la Fiscalía y a la acusación los recursos presentados por los abogados de los condenados en los que piden la suspensión de las penas por motivos humanitarios y de salud, y alegan que están pendientes de resolución de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y una petición de indulto.