El castillo de la última esperanza

Sesenta inmigrantes indocumentados, procedentes en su mayoría de Senegal, sobreviven desde hace un mes gracias a la ayuda de los habitantes de La Rábita, una pedanía en la costa de Granada. Quieren trabajar, y los vecinos, emplearlos, pero la ley no lo permite. Unos 40 se han refugiado en el castillo de la localidad -que hasta hace un año ha sido utilizado por la Guardia Civil-, el resto se ha instalado en tiendas de campaña junto al campo de fútbol.

Las dependencias del fuerte habían sido utilizadas hasta hace un año por la Guardia Civil

Cada mañana, a las seis en punto, los inmigrantes acuden al campo y a las obras que se realizan en la zona para tratar de conseguir un empleo. "Hace falta mano de obra, hay bastante trabajo pero la ley no permite que se les contrate. Los empresarios tienen miedo y, aunque saben de sobra que son gente formal y trabajadora, nadie quiere exponerse a ser multado", explicó ayer María Dolores Ramos, que se acercó hasta el castillo para llevar alimentos a los inmigrantes.

Pese a que sobreviven como pueden en unas estancias ruinosas, pobladas por colchones y ropa sucia por todas partes, su situación ha mejorado de manera notable. "Cuando llegamos [hace un mes] nos instalamos en la playa. Pasamos mucho frío y algunos se pusieron enfermos, fueron los peores días", cuenta Ibrahim Seck, de 34 años, que confiesa haber entrado en España "en una patera" con el propósito de ayudar a su hija y a su mujer a "poder vivir". "No quiero volver, no me he jugado la vida para regresar sin nada. Aquí no hacemos daño a nadie, hasta la policía nos visita y nos saluda. Sólo queremos trabajar y eso es lo que quieren en el pueblo", asegura contrariado ante un problema que se le antoja incomprensible.

Tras aquellos primeros días en la playa, el Ayuntamiento de Albuñol, del que depende La Rábita, decidió abrir las puertas del castillo para que los inmigrantes "no murieran de frío", explicó ayer la vecina Lola Gómez, a la que los senegaleses apodan La mami por la ayuda que les está prestando. "El alcalde es una buena persona, va a intentar solucionar este problema. Tengo fe en que puedan quedarse", afirma Lola.

Sin embargo, la situación no es sencilla. Los inmigrantes cuentan con una orden de expulsión. La Junta de Andalucía y la Subdelegación del Gobierno en Granada aseguran que están estudiando la situación, pero no han propuesto solución alguna.

"Lo más urgente es luchar contra el frío, hermano. Nos hacen falta chaquetones y una lavadora, no podemos lavar la ropa a mano, hace demasiado frío", explicó Lamp Fall, de 27 años, para quien lo más importante es conseguir permisos: "Sin papeles no hay trabajo y sin trabajo no hay dinero".

Pese a lo difícil de su situación, Fall asegura "estar aquí mucho mejor" que en Senegal. "La vida allí no es fácil. Un compañero tiene 11 hermanos, dos de ellos ciegos, y tiene que mandar dinero. Todos tenemos allí una familia, mujeres e hijos, y tenemos que tratar de sacarlos adelante", explica apenado.

Su relación con los habitantes del pueblo resulta idílica. Algunos vecinos de la localidad se mostraron dispuestos a impedir una posible repatriación masiva. "Sabemos que es muy probable que vengan un día para llevarnos a Senegal. Lo único que podemos es dar las gracias a la gente del pueblo, que nos dan regalos y nos apoyan. Si nos mandan a Senegal vamos a volver, aunque tengamos que jugarnos otra vez la vida, porque necesitamos un futuro", precisa Seck con firmeza.