Zapatero: "Quizás estemos en la fase final" de la lucha contra ETA

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, explicó ayer las dificultades para retomar el Pacto Antiterrorista con el PP porque "quizá estemos en la fase final" de la lucha contra ETA. "Pueden ser años, no sabemos cuántos, ni cuánto presentará de dificultad", añadió. También insistió en que son los ciudadanos quienes juzgan la actuación de los partidos en democracia, y aseguró que ningún Gobierno español ha respetado tanto a los jueces como el suyo. "Igual, tal vez; pero más, ninguno", afirmó Zapatero en un coloquio con el juez Baltasar Garzón.

"Suele pasar que, cuando se advierte que se ha llegado a esa fase final, el debate se intensifica. No se puede negar el debate, pero sí hay que evitar la confrontación", añadió Zapatero, antes de señalar un segundo factor que dificulta el consenso en España. "Todos los partidos, cuando pierden unas elecciones, necesitan tiempo para hacer autocrítica, sobre todo cuando se trata de partidos fuertes. Los ciudadanos apoyan antes al que tarda menos en hacer esa autocrítica. Cuanto más tiempo tarde en hacer la autocrítica, más costará a un partido volver a ganar el apoyo de los ciudadanos", señaló.

En otro momento, retomó de este modo la misma idea: "La gente sabe que, en democracia, las cosas no son blancas ni negras. Encontrar puntos de encuentro y matices es una tarea que acredita a quien la lidera y a quien la respeta".

Zapatero desgranó estas ideas en una intervención insólita, porque tuvo como formato un diálogo con un miembro activo del poder judicial, el juez Baltasar Garzón, bajo el título, paradójico dados los resultados, de Seguridad jurídica y derechos humanos en América Latina. Asistieron al acto, entre otras personalidades, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido; el secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias; el escritor José Saramago y el presidente de La Caixa, Ricardo Fornesa, que patrocina el ciclo de conferencias dirigido por Garzón.

El magistrado estiró sus preguntas hasta para que el presidente del Gobierno volviera la mirada hacia las cuestiones internas, y así logró que, tres semanas después del brutal atentado terrorista de la T-4, Zapatero reiterara su confianza plena en el fin de la violencia.

"La violencia es absolutamente inútil en la democracia, porque no hay democracia que ceda a la violencia. En democracia tampoco cabe la secesión, porque prevalece la unidad de las fuerzas políticas. La pregunta es cuánto tiempo los violentos permanecerán en el fanatismo criminal, sabiendo que nunca ganarán. El terrorismo es, sin duda, una de las asignaturas pendientes que la democracia vencerá, igual que se ganaron las batallas por la libertad de opinión, por el pluralismo político", aseguró, dejando un eco de las advertencias que ha dirigido en los últimos días a ETA.

En relación con el caso De Juana, Zapatero quiso dejar fuera de toda duda la independencia de los jueces y la limpieza de la actuación de su Gobierno. "Los actores políticos deben ser escrupulosamente respetuosos con el poder judicial, porque su independencia es imprescindible para la democracia. Yo he procurado serlo siempre. Ni un solo juez puede decir que le haya transmitido una indicación. Puede que otros Gobiernos fueran tan respetuosos como éste, pero más, ninguno", comentó, siempre motivado por las preguntas del juez Garzón.

En relación con el tema propio de coloquio, Zapatero consideró "imprescindible, aunque suene a utopía, que EE UU se implique en fomentar una cohesión social latinoamericana", siguiendo el modelo consagrado en Europa. Sin ella, vino a decir, no se logrará la consolidación jurídica e institucional de la región, un objetivo que España persigue con ahínco, añadió, pero que sólo conseguirá si consigue movilizar a EE UU y a la Unión Europea en la misma tarea.

El presidente pidió, por otro lado, que se comprenda que los brotes de populismo en Latinoamérica derivan tanto de la debilidad de los sistemas latinoamericanos de partidos como de las dificultades objetivas de unos pueblos que no pueden entender que empresas extranjeras comercien con recursos energéticos básicos a los que ellos no tienen acceso, a pesar de que se producen en su tierra. Resulta imprescindible, añadió, desarrollar sistemas fiscales que contengan el problema.